¿Quiénes son…?

En el discurrir del inexorable tiempo mucho se debate entre una inmadura clase política aborregada por qué sí o no procede implementar de una política púbica comprometida que contraviene al Estado de Derecho, cuando toda la responsabilidad de esta asfixia al colectivo social tiene todo que ver en el Congreso de la Unión y Locales, que  no se mandan solos teniendo en la Junta de Coordinación Política la conciliación de intereses contrapuestos, y detrás la directriz de sus partidos políticos.

En el contexto de una innegable realidad vergonzosa rayando en el cinismo ante la Voluntad Popular traicionada, los Coordinadores que cohabitan en la burbuja  del Poder Legislativo, Federal y los 32 Locales, gestando la mezquina emisión de Decretos de Reforma Constitucional y Leyes, a modo de sus tiempos y circunstancias.

La Democracia Representativa por lo que compete a los Congresistas indistintamente del color e ideología al que presumen ser militantes afines libran durante cada Sesión en la ociosidad, alejados de las prácticas parlamentarias que deberían honrar los integrantes del Pleno al interior de las Legislaturas.

La obediencia ciega y el alineado voto en un sentido u otro no es exclusivos de ninguna bancada, con las excepciones de quienes por su jerarquía se atreven a desafiar el acatamiento instruido desde la cúpula, entrampando la viabilidad del desarrollo socioeconómico de la sociedad mexicana.  

No se trata de descubrir un ancestral hilo negro, común denominador en los países que se precian de ser democráticos. El problema de México se asienta en una banal incompetencia para deliberar en Comisiones incluso unidas, donde debieran gestar los intereses para el bien común a reflejarse en Reformas Constitucionales y/o Leyes que ya en el Sesión de Pleno se debería votar con criterio social.

Un Congreso polarizado ahoga el trabajo parlamentario que se refleje en el eficiente ejercicio de la Administración Pública por parte del Poder Ejecutivo, gestionando una correcta implementación de sus Políticas Públicas alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, los Estatales y Municipales como la hoja de ruta en la que se condensan los compromisos pactados.

La potestad de presentar Iniciativas de Reformas Constitucionales y de Leyes también es una facultad de los Poderes Ejecutivos, que igual en el afán de contribuir a la Práctica Parlamentaria que también le permitan aportar los argumentos en armonía con sus necesidades para la gobernabilidad orientado hacia el desarrollo además del crecimiento socioeconómico.

Se trata de sumar y no de restar para hacer posible que en un esfuerzo entre la Administración Pública y los Inversionistas Privados, en una asertiva sinergia donde el Estado de Derecho es muy claro aquello que compete a las partes.

El Gobierno cumple una Función Pública y también es promotor para quienes participan de la cadena de valor puedan tener rentabilidad justa extendida a su base laboral, sobre el entramado de la seguridad jurídica en sus empresas, que en la era del actual Régimen de Gobierno no hay esa observancia.

El debate sobre el sector eléctrico, motivo de álgidas posturas contrapuestas, es un claro referente sobre los mitos y realidades que alega el propósito de ofrecer una tarifa competitiva de beneficio a la sociedad tiranizando a privados como nocivos, cuando el Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Párrafo Sexto, a la letra precisa que «el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en estas actividades no se otorgarán concesiones».

Los preceptos de la  Constitución y a sus Leyes suelen ser letras muertas. Sin embargo, ahora que hay sanciones por parte del INE atribuidas por el Congreso, aspirantes presidenciales, gobernadores, funcionarios y líderes de Morena exigen quitar freno proselitista y ejercer libertad de expresión que abiertamente realizan.

Los políticos que debieran predicar la democracia son los primeros en transgredirla, en los hechos son la antítesis tóxica y mentirosa a la voluntad popular.

eduhdez@yahoo.com