Desaparición forzada, tragedia nacional; urgencia de una acción eficaz del Estado

*Más de 30 mil desaparecidos; 855 fosas clandestinas, miles de restos

*Colima, Baja California, Edomex, Guerrero: los más violentos

*Asume De la Torre un PRI en recomposición o ante la simulación

UN GRUPO le gritó en Guatemala al ex gobernador Javier Duarte, otro irrumpió en un acto que realizaban los senadores en la Ciudad de México. Son familiares de personas desaparecidas o secuestradas que exigen una acción más eficiente de las autoridades frente a una tragedia que para la ONU está tomando “dimensiones aterradoras”. Oficialmente unas 30 mil víctimas en México. La desaparición forzada de las personas es una de las mayores tragedias para una sociedad; es el Estado rebasado en su función básica: la protección de su pueblo.

La semana pasada el Senado de la República organizó un foro denominado “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas”. Como usted sabe, todavía la opinión pública mexicana no se sacude ante el horror de las fosas clandestinas. La mayor parte de estas encontradas en Veracruz por el esfuerzo de organizaciones civiles en especial el Colectivo el Solecito. El hallazgo más terrible hasta ahora es un cementerio ilegal con más de 250 cuerpos.

LA REPÚBLICA DEL TERROR

CADA UNA de las familias que buscan a sus desaparecidos tiene una tragedia qué contar. Hay jóvenes que salieron de sus casas a la escuela y nunca se supo de ellos; otras personas sacadas violentamente de sus hogares o plagiados en las calles por supuestas autoridades. Otros más simplemente secuestrados en demanda de un rescate.

La desaparición forzada en México tiene “dimensiones aterradoras en México”, por las fosas clandestinas y cuerpos de asesinados por todo el país, dijo Jesús Peña, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El gobierno está rebasado, admitió Mario Álvarez Torrecilla, de la División Científica de la Policía Federal. Expresó durante el foro del Senado: “Si nos preguntan cuál es el número exacto de desaparecidos o personas no localizadas o que han perdido la vida, ninguna institución les va a dar la respuesta, porque es un tema que no se conoce”. Existe, apuntó, una “cifra negra” que rebasa el reporte oficial de unos 30 mil desaparecidos.

Aunque en Tabasco la cuestión de los desaparecidos –salvo en el caso de los secuestros-, no está en la agenda pública, bien harían los diputados locales en expresar su apoyo a la Ley contra la desaparición forzada, que está en dictamen en el Senado. Una norma no resuelve esta tragedia, pero si permitirá obligar a la búsqueda inmediata y efectiva, investigaciones imparciales, búsqueda de responsables de estos crímenes. Nadie puede estar tranquilo si en las sombras acechan las desapariciones.  

Imagine usted. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México se tienen ubicadas por lo menos unas 855 fosas clandestinas; en cuatro estados se hallaron 35 mil restos humanos.

MARZO SANGRIENTO

MÁS ALLÁ de la percepción hay una realidad. La violencia crece en el país. Cualquier intento de prosperidad se ve obstaculizada por el crimen y la impunidad. Lejos de frenarse los homicidios, en México seguimos en una espiral de la cual nadie está a salvo. El mes pasado, marzo, fue el más sangriento del sexenio. Hubo dos mil homicidios.

De acuerdo al diario La Jornada, marzo sería el tercer período más convulsionado de veinte años, “si la observación se limita a averiguaciones previas abiertas en las procuradurías y fiscalías estatales”. El mes más crítico en dos décadas fue mayo del 2011, seguido de junio de ese mismo año.

Colima es el estado que tiene más homicidios por población; Baja California Sur, está en segundo sitio entre las entidades más violentas, un listado que incluye a Baja California (norte), Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

En el caso de los robos, extorsiones y secuestros, la mayoría de los casos se registraron en Tamaulipas, Veracruz y el estado de México.

Otro es el mapa de la percepción, que si bien es importante no se debe confundir con la incidencia real de los delitos.

UN PRI QUE NO SE DECIDE

ASUMIÓ la dirigencia estatal del PRI en Tabasco Gustavo de la Torre. El acto recordó a los viejos tiempos del viejo tricolor: un escenario triunfalista, de aparente unidad y el mensaje implícito de que con dinero es posible todo. Pero después de la casi forzada intervención de Enrique Ochoa Reza, ahora viene el verdadero desafío de la nueva administración partidista. Lo que logre se reflejará en el ya casi entrado proceso electoral rumbo al 2018.

La circunstancia para todos los partidos, pero especialmente para el PRI, ha cambiado. Por un lado la población está decepcionada en su mayoría del quehacer y no hacer partidista, y por otro los cuadros altos y medios de los partidos ya tienen más opciones para presionar e irse a otras agrupaciones en busca de candidaturas o por lo menos de esperanzas para ascender.

Hemos insistido en este espacio que las primeras alianzas que deben hacer los partidos es al interior, pero no sólo con los grupos de presión, sino con su militancia y con la recuperación de sus proyectos de gobierno. Veremos qué tanto está dispuesto a hacer De la Torre y qué tanto lo dejan hacer. Tiene poco tiempo y demasiados compromisos.

EL PRESO NÚMERO 27

EN GUATEMALA, el veracruzano Javier Duarte es el “preso número 27” , en una cárcel en la que caben cuando mucho 32 acusados. La prisión de Matamoros,  antiguo Fuerte de San Rafael, es una especie de símbolo de la lucha contra la corrupción y el abuso de autoridad. En ese penal están internados el ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y el ex ministro de la Suprema Corte, Douglas Charchal Ramos.

Hay cinco ex diputados enjuiciados por corrupción y tres famosos narcotraficantes centroamericanos: Marvin Montiel, Eduardo Villatoro y José Jiménez. En la cárcel de alta seguridad, antes cuartel militar, también pasaron una temporada el ex presidente Alfonso Portillo, los jueces Gisela Reinoso y Martha Sierra, lo mismo que un hijo y un hermano del actual presidente Jimmy Morales.

El enjuiciamiento de altos funcionarios así como de la ex vicepresidente Roxana Baldeti fue posible por la actuación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que apoya a la fiscalía guatemalteca. (vmsamano@yahoo.com.mx)