El Estado fallido o el Estado fallando; evitar que se extiendan los poderes fácticos

*Preocupa el creciente reto al poder institucional; hay debilitamiento

*Un gobierno estatal no lo puede todo; la federación está obligada: Meyer

*La inseguridad de activistas y de las familias de los desaparecidos

UN GRUPO de militares fue atacado por los llamados “huachicoleros”, ordeñadores de gasolina; los enfrentamientos entre el ejército y la marina son hechos ya frecuentes. En Michoacán, el doctor José Manuel Mireles estuvo casi tres años en prisión por encabezar un grupo de “autodefensas civiles”. En Chihuahua, una banda criminal asesinó a una activista que tenía protección policiaca. Larga sería la lista que nos muestra que hay un reto creciente a la fuerza legítima del Estado o la evidencia de que no cumple su función de seguridad como la realidad lo demanda.

Hace unos seis o siete años se puso de moda referirse al “Estado fallido”. Varios analistas se preguntaban si México entraba en esta categoría. La definición general según los teóricos es que uno Estado fallido es aquel cuyo gobierno constitucional pierde el control físico del territorio y pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

La Fundación para la Paz establece que ocurre cuando falla en los servicios básicos de seguridad, no puede imponer su autoridad y carece de soberanía. Esto último es relativo, porque prácticamente los estados soberanos fueron sustituidos por las corporaciones financieras. Se debilita el poder de las instituciones y se sobreponen los poderes fácticos.

FALLIDO O DESMANTELADO

LA POLITÓLOGA Denise Dresser anotó que México “no puede ser catalogado como un Estado fallido pero se ha convertido –en ciertas franjas del territorio nacional- en un Estado acorralado” (El país de uno, 2011).

El historiador Arnaldo Córdova (+) calificó de ocurrencia impuesta por Estados Unidos hablar del “Estado fallido”, ya que para este académico aunque se esté gobernado por ineptos y ladrones lo que se tendría que analizar es el saqueo y el despojo. Para Córdova la cuestión es simple: el Estado existe o no existe, punto (2009).

Enrique Krauze quien hace unos ochos año calificó de exageración colocarle a México el calificativo de Estado fallido –aunque reconoció preocupantes deficiencias en seguridad y servicios-, advirtió que en el equipo de Donald Trump se busca colocar a México en esa lista negra como parte de sus afanes bélicos. Sostiene Krauze que nuestro país tendría en todo caso un “un Estado fallando”.

La revista Foreign Policy publica anualmente un “índice de estados fallidos” en el que las listas son encabezadas por los países africanos, regiones sin gobierno y en donde pequeños ejércitos se disputan el control en permanentes guerras internas. Ya no existe una lucha por motivos ideológicos, sino abiertamente por la obtención de los recursos. El salto a las bandas criminales organizadas es un simple.

Como “Estados fallidos” en los últimos años han encabezado la nómina Somalia, Sudán del Sur, Yemen y República Centroafricana, Yemen. Más recientemente Siria, aunque su situación respecto a los africanos es distinta. Nuestro país ocupa el lugar 98 en una lista de 177. Aunque la mayoría de los analistas señalan que hay en la República “municipios fallidos” o donde el Estado falló. La mayoría se ubican en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero.

NO SOLO FUERZA, LEGITIMIDAD

EL HISTORIADOR Lorenzo Meyer ha señalado en repetidas ocasiones que el poder de las instituciones en México y su propia legitimidad tienen un debilitamiento creciente. Lo más evidente ocurre en materia de seguridad.

Refiero un reporte de la entrevista realizada por El Debate (debate.com) en marzo reciente. Citando a Thomas Hobbes, Meyer explica que la única razón por la que una sociedad tiene que obedecer las órdenes de sus mandatarios es porque le garantiza protección a su vida y sus bienes, “pero cuando no provee seguridad a cambio, pierde todo sentido de Estado, estructura de autoridad y el derecho a ser obedecido”. Es lo que sucede en Sinaloa, Guerreo, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

Le pregunta a Meyer a propósito de Sinaloa, pero su respuesta es aplicable a todo el país: ¿Es responsabilidad de un gobernador el tema de seguridad?

Responde Meyer: “es responsabilidad de la federación en su conjunto porque el tema del narcotráfico no es de un estado o entidad. Es el conjunto porque el dinero del narcotráfico no se lava en el estado, sino que se lava en todo del sistema financiero de México, sino que también en Estados Unidos. (…) sería mucho pedirle a un gobernador que él solo con su estructura local resuelva un problema que rebasa a cualquier estado de la República, y, por lo que veo, rebasa al Estado nacional”.

BUSCAN JUSTICIA, SON VICTIMADAS

MÉXICO vive una sangría permanente. Del 2010 a la fecha por lo menos 44 mujeres activistas, entre ellas algunas periodistas, han sido asesinadas. El más reciente caso fue el de Miriam Elizabeth Rodríguez, en su propio domicilio en el estado de Tamaulipas. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registra que es Chihuahua es uno de los estados con más agresiones en contra de las mujeres. Cita los crímenes contra Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas, en el año 2010.

También en Chihuahua asesinaron en 2011 a Susana Chávez, en 2012 a Manuel Solís y en 2017 a la periodista Miroslava Breach.

Guerrero es otro de los estados sin seguridad para las activistas. Fueron asesinadas María Elvira Hernández en 2010; Isabel Ayala y Reyna Ayala en 2011; Juventina Villa y Fabiola Osorio en 2012; Rocío Mesino en 2013); Ana Lilia Gatica en 2013) y Norma Angélica Bruno en 2015. La misma Red cita crímenes contra activistas mujeres en Estado de México –uno de los más altos en feminicidios-, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México.

El portal “Mientras tanto en México” dio cuenta de otro hecho trágico. El de las personas que han sido asesinadas buscando a sus familiares desaparecidos. El suceso más brutal y vergonzoso es el de Chihuahua, donde cinco integrantes de la familia Reyes Salazar fueron víctimas de los criminales. Todo comenzó porque Josefina se convirtió en activista contra los basureros tóxicos y en contra de la militarización. El resto de la familia sobreviviente tuvo que exiliarse.

Por lo menos a otros doce padres y madres de desaparecidos también los asesinaron. En  nuestro país se reconoce oficialmente una cifra de casi 28 mil personas desaparecidas.

AL MARGEN

REPORTA la vocería de seguridad en Tabasco que en los primeros cuatro meses del año han detenido en la entidad a 531 presuntos infractores y recuperado 163 vehículos. Esto abona al combate de la impunidad. (vmsamano@yahoo.com.mx)