Lo que se juega en el Estado de México; Zepeda-AMLO, un adelanto del 2018

*Todo el poder, en las campañas de Del Mazo y Delfina

*Realizarán los gobiernos un “atlas de riesgo” para periodistas

*Proponen activistas relatores internacionales contra impunidad

LAS ELECCIONES en el Estado de México se han convertido en una cuestión de primera importancia para el gobierno de Enrique Peña Nieto. También lo son para el PAN y PRD, en una circunstancia que los llevó a equivocar su estrategia de anunciar anticipadamente una posible alianza para el 2018; al tiempo que López Obrador realizó su apuesta más alta en aquella entidad: no sólo le dedicó tiempo y recursos sino que también condicionó a sus posibles aliados con un “ahora o nunca”.

En política las condiciones cambian. Los resultados de una elección pueden modificar sustancialmente la correlación de fuerzas dentro de los propios partidos, pero también con respecto a las potenciales así como necesarias alianzas. De ahí precipitación de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya; también en cierto sentido de AMLO. Otro tanto se puede decir del equipo de Peña Nieto, para quienes ganar Edomex no es tanto el boleto para el 2018 sino la permanencia en aquella entidad de su grupo compacto.

UN CONFLICTO POSTELECTORAL

EL DIRIGENTE de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo públicos una serie de documentos que –dijo- confirman la ‘‘abierta intromisión’’ del gobierno de Enrique Peña Nieto en la elección para gobernador del Estado de México, y la ‘‘campaña sucia’’ en contra de la candidata, Delfina Gómez. Detalló que a funcionarios federales de alto nivel, entre ellos varios secretarios de Estado, se le asignaron responsabilidades electorales en ‘‘municipios estratégicos’’ en apoyo al priísta, Alfredo del Mazo.

Los testimonios de López Obrador refieren también las ‘‘recomendaciones estratégicas’’, ‘‘operativo de tierra’’ y ‘‘Día D’’ (día de la elección), que cada equipo del gobierno federal tiene a su cargo.

Tanto la Presidencia como el PRI rechazaron los señalamientos de AMLO. El vocero Eduardo Sánchez afirmó que ‘‘la actuación de los servidores públicos del gobierno (federal) en todo el país se apega a lo que marca la ley’’. Enrique Ochoa, dirigente del tricolor, señaló que lo denunciado por el morenista recuerdan a las “falsas pruebas de fraude en 2012’’.

Ayer mismo, el diario Reforma dio a conocer que contaba con “testimonios y documentos” en donde se muestra “cómo funcionarios federales de primer nivel se les encargó tener presencia y operar programas en zonas mexiquenses”. De hecho Reforma reportó en su momento las acciones extraordinarias en aquella entidad donde la disputa por la gubernatura está entre el PRI y Morena.

Allá en Edomex, vencido el plazo que López Obrador dio al candidato del PRD, Juan Zepeda, para que abandonara la contienda y se sumara a la representante de Morena, Delfina Gómez, el perredista reiteró su decisión de llegar a las urnas el 4 de junio. La interrogante es si el reciente desliz de la dirigente solaztequista Alejandra Barrales al adelantar un posible frente con el PAN tendrá algún efecto negativo en la campaña de Zepeda; éste pasó de estar en un cuarto sitio a una posición competitiva que terminó afectando a la abanderada panista Josefina Vázquez Mota. Pero Zepeda también juega la carta de la corriente del llamado “Grupo Neza” que encabeza Héctor Bautista y que al interior del PRD es Alternativa Democrática Nacional (ADN) opuesta a “Los Chuchos” de Nueva Izquierda. Algo que no debe pasar desapercibido para los perredistas tabasqueños. 

ACCIONES CONCRETAS

ESTE miércoles se revisarán en Tabasco las propuestas para la protección de periodistas y activistas, según informó Gustavo Rosario Torres, secretario de Gobierno, quien acudió a la reunión que el lunes encabezó el subsecretario federal Roberto Campa Cifrián. Las autoridades se comprometieron a tener en operación a más tardar en un mes las unidades de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como un atlas de riesgos. La presión internacional sigue en aumento.

Según reportó el diario La Jornada: “Campa Cifrián se reunió por la mañana (del lunes) con los secretarios de Gobierno de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, ubicados como los prioritarios en el tema. Por la tarde, se reunió con los restantes”, aquella entidades en las que se han reportado pocos casos de agresión a comunicadores. En estos últimos se cuenta Tabasco.

El primer paso para combatir la impunidad en la violencia contra los comunicadores, y en general contra toda la población, es la reacción oportuna y la integración correcta de los expedientes. Un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte sobre “graves” deficiencias en la elaboración de las carpetas de investigación.  Se cita un caso (el de Jorge Torres Palacio, asesinado en Acapulco) en el que se tardaron hasta cinco meses en abrir un expediente.

Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas con el propósito –dijo- de investigar y castigar los crímenes contra periodistas, así como para prevenir las agresiones. Los gobernadores de los estados fueron convocados a proponer sus propias acciones.

Desde 2000 a la fecha, oficialmente la CNDH reconoce el homicidio contra 126 periodistas, 20 desapariciones desde 2005, y 51 atentados contra medios, de 2006 a la fecha.

La Red Nacional de Periodistas de México (RNP) formalizó la petición al presidente Peña Nieto para que sean invitados a una visita oficial de observación los relatores especiales de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre todo ante los recientes asesinatos de Miroslava Breach Velducea y de Javier Valdez Cárdenas, evidentes ataques al trabajo periodístico.

Refieren que los estados con mayor número de periodistas asesinados son: Veracruz con 20, Oaxaca con 15, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua con 14 cada estado, y Sinaloa con siete.  Además de que la CNDH recibió 645 quejas por agresiones a periodistas de todo el país, de enero del 2010 al 30 de abril del 2017.

La semana pasada medios y redes de periodistas exigieron al gobierno mexicano protección efectiva  al trabajo de los comunicadores. Reclamo al que se sumaron 186 periodistas extranjeros que laboran en 69 medios en México o que lo hacen de manera independiente. La presión aumentará.   (vmsamano@yahoo.com.mx)