Retorno a la Jucopo, asuntos pendientes; polémicas lagunas legales y políticas

Retorno a la Jucopo, asuntos pendientes; polémicas lagunas legales y políticas

*Cuando el PRD fue mayoría, en 2005, desapareció la Gran Comisión

*Falta legislar sobre el traslado de diputados de una bancada a otra

*Sólo tres escuelas con reporte de robo en vacaciones, baja incidencia

CONCLUYÓ la disputa por la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo). Al menos por ahora. El coordinador de la fracción del PRD, José Antonio de la Vega, despacha nuevamente como presidente de esa instancia, que durante aproximadamente un mes estuvo a cargo de Federico Madrazo, del PVEM, en espera de una disposición definitiva de los magistrados del Trife.

La Jucopo surgió en 2005 al desaparecer la Gran Comisión que en los hechos era una presidencia del Congreso. Para lograr este cambio el PRI consiguió el apoyo de los diputados del PAN, PVEM y una fracción de un PRD dividido. Habrá que recordar que en la Legislatura 58 los solaztequistas eran mayoría (17), quedando el PRI en segundo lugar (14 diputados), de manera que si se mantenía la organización tradicional los perredistas estarían al frente de la Cámara los tres años.

TRIBUTO A LAS TRIBUS

EL TRICOLOR aprovechó dos circunstancias: que el propio PRD había exigido en anteriores administraciones (cuando era minoría) un cambio en la forma de funcionamiento de la representación oficial del Legislativo, y los casi obligados choques entre las “tribus” que se peleaban el poder en el solaztequismo. No era la primera vez que la fracción amarilla se fraccionaba.

Apenas en la Legislatura 57, el tricolor había rechazado desaparecer la Gran Comisión, que desde la fundación del Congreso estaba en sus manos. Entonces el PRI todavía era mayoría: tenía 16 diputados y el PRD 12. El total del Congreso todavía lo componían 31 integrantes.

En las primeras elecciones que le tocó a la administración de Manuel Andrade –las del 2003-, el PRD pasó a ser partido con mayoría en el Congreso.  Sin embargo, esta fuerza se diluyó al quedar divididos entre un grupo que encabezó Carlos Mario Ocampo y Nidia Naranjo, denominado “Los Duros”, y otro que fue conocido como “Los Rosalindos”, por estar liderados por la entonces diputada Rosalinda López. Al final la fracción de Ocampo accedió a eliminar la Gran Comisión y dar paso a la Jucopo.

Entonces Adolfo Díaz Orueta, diputado perredista, acusó a Ocampo de preferir entregarle el poder al PRI, antes que a los solaztequistas disidentes. Lo que para unos fue una “democratización” del Congreso, para otros fue una “traición”. En los hechos, el primer presidente de la Jucopo fue Javier Díaz Hernández, primo de Manuel Andrade.

Curiosamente, fue a Manuel Andrade, ahora como diputado, al que se le impidió presidir la Jucopo –aunque fuera de manera temporal-, por un acuerdo político entre el PRD y el PVEM, antiguo aliado del PRI. Un acuerdo en espera de la decisión de la Sala Superior del Trife que finalmente favoreció al PRD.

LOS VACÍOS LEGALES

MENCIONAMOS aquí que varios eran los temas que tendrían que abordarse a profundidad por el caso presentado en el Congreso tabasqueño. Unos partidos reclamaron la presunta sobre representación de los solaztequistas, otros se quejaron del traslado de diputados de una bancada a otro, otros más solicitaron que les fueran “devueltas” las posiciones plurinominales (de partido), que se habían llevado los diputados que se declararon independientes en un principio.

Le comentamos que no resultaba sencillo que los tribunales se pronunciaran en contra de una acción muy frecuente entre diputados y senadores, y que prácticamente ha favorecido a todos los partidos: el tránsito de una bancada a otra. El ejemplo más reciente del impacto de este tipo de actos es el de los nueve senadores que en los hechos integran en la actualidad la bancada de Morena, a pesar de que este partido no compitió –porque no existía- en el 2012.

Hay senadores y diputados que se han pasado al PRI, otros al PAN, otros más al PRD o al PVEM, en diversos tiempos y oportunidades.

Recientemente, el gobernador Arturo Núñez expresó: “Yo comparto el criterio de que hay una zona todavía no desarrollada debidamente en el Sistema Legislativo Mexicano, hasta dónde llega lo electoral y principia lo parlamentario y a la inversa. Y lo que ocurre, ya una vez constituida la Legislatura, es materia de derecho parlamentario, no electoral. Pero como no hay una frontera establecida, creo que todavía nos falta legislar en el Derecho Parlamentario para que quede asentado debidamente qué es lo que corresponde al Derecho Parlamentario, porque en ese caso hay que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no al Tribunal Electoral”.

Se refería, sin duda, al argumento de la bancada del PRD para reclamar el fallo que en su contra había enunciado la Sala Regional de Xalapa. Al acudir a la Sala Superior, la fracción encabezada por José Antonio de la Vega argumentó que la organización del Congreso era materia de derecho parlamentario y no podían intervenir las autoridades electorales. Y se les concedió la razón.

Señaló Núñez que la conformación de un Congreso dinámico no puede estar sujeta a un momento fundacional, que es el momento electoral, regulado por unas normas distintas de las de la reglamentación parlamentaria. “Pero –dijo- no dejo de reconocer que hay una laguna ahí que la tienen que ir resolviendo, primero los propios jueces interpretando la ley y, en segundo lugar, los legisladores llenando los vacíos”. Existe, pues, tela de dónde cortar.

AL MARGEN

BUENAS cuentas se han entregado al término de las vacaciones escolares. En particular porque casi siempre se reiniciaban las clases con quejas en relación al robo en los planteles. Al retorno de 813 mil estudiantes a las aulas, el titular de Educación, Ángel Solís Carballo, informó que sólo se tenía el reporte tres hurtos, un porcentaje mínimo en relación a las más de 5 mil escuelas existentes en el estado.

Es resultado, señaló Solís Carballo, de una eficaz coordinación interinstitucional denominada “En estas vacaciones cuidemos nuestra escuela”, en la que participaron familiares de los escolares y de las corporaciones policiacas. Reconoció también el papel de directores de escuelas, supervisores escolares y jefes de sector. No es sólo la inhibición de robos, sino del principio de una cultura de la corresponsabilidad.

Como le decía, el total de alumnos en todos los niveles son 813 mil, con  42 mil 261 maestros de 5 mil 963 escuelas públicas y privadas. La mayor población la constituyen los estudiantes de primaria con  295 mil 185 escolares. Se puede observar que más de una tercera parte de la población tabasqueña acude a alguna institución educativa. (vmsamano@yahoo.com.mx)