El río Sonora tendrá remediación total tras el derrame de 2014

 PROGRAMA INTEGRAL 

El gobierno federal y el de Sonora informaron que ya inició el pago de indemnizaciones a trabajadores mineros, viudas y familias afectadas, tras concluir la huelga en Cananea, como parte del programa de reparación por el derrame tóxico ocurrido en 2014.

• Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el plan de remediación ambiental y social contempla una inversión de 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales el 70 % proviene de Grupo México, el 22 % del gobierno federal y el 8 % del estatal. El acuerdo incluye la entrega de mil 500 millones de pesos por parte de la empresa, además de 59 millones depositados previamente, mientras que la federación aportó 483.6 millones y Sonora 180 millones.
• El programa abarca acciones de justicia ambiental, como estudios para determinar el alcance de la contaminación en suelos y sedimentos, así como trabajos de saneamiento. En materia de agua, se fortalecerá el monitoreo de la calidad del río Sonora con un centro de visualización en tiempo real, nuevo equipo y personal certificado para el Laboratorio Regional del Noreste. También se construirán 16 plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y se rehabilitarán instalaciones ya existentes.
• En el ámbito de salud, el hospital comunitario de Ures será transformado en hospital regional con 60 camas, 21 consultorios especializados y área de cuidados intensivos. Además, se abrirá un centro de atención renal con servicios de nefrología, hemodiálisis y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología. El hospital actual funcionará como albergue para familiares de pacientes.
• La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre afectó 288.8 kilómetros de la cuenca del río Sonora y a más de 20 mil personas en municipios como Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures. Señaló que las consecuencias incluyeron daños a la salud pública, limitaciones en el acceso al agua potable, afectaciones a la economía agropecuaria y contaminación de suelos, aguas y fauna por presencia de arsénico, plomo, cobre y zinc.

Tras un diálogo iniciado en noviembre, se alcanzó un convenio que incorpora las demandas de las comunidades, incluyendo vigilancia epidemiológica, monitoreo toxicológico y diagnóstico de suelos contaminados con mecanismos de remediación científica.

El gobierno destacó que este acuerdo representa el cierre de 18 años de lucha social y laboral, y marcará un beneficio histórico para las comunidades afectadas y los mineros de Cananea.