Aplicación de leyes antiterrorismo a funcionarios del Cártel de Sinaloa

EEUU ENDURECE OFENSIVA CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS LIGADOS AL NARCO; APLICARÁ LEYES ANTITERRORISMO

El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al instruir a fiscales federales aplicar leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, especialmente con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ordenó intensificar las investigaciones y acusaciones contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos señalados de colaborar con organizaciones criminales.

La nueva estrategia permitiría presentar cargos no sólo por narcotráfico o lavado de dinero, sino también por brindar "apoyo material a organizaciones terroristas", luego de que el gobierno de Donald Trump clasificara a varios cárteles latinoamericanos bajo esa categoría.

Con esta medida, las autoridades estadounidenses buscan imponer penas más severas, incluida la cadena perpetua, además de ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción relacionadas con el tráfico de drogas y fentanilo hacia Estados Unidos.

Según el reportaje, la instrucción fue dada durante una reunión encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del DOJ, quien habría solicitado "triplicar" las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

La ofensiva tomó fuerza tras la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente judicial, algunos servidores públicos habrían recibido sobornos millonarios, respaldo político y protección institucional a cambio de facilitar operaciones del narcotráfico y permitir actividades criminales con presunta impunidad.

El caso ya provocó tensión política y diplomática debido al alcance de las investigaciones y la posibilidad de que Estados Unidos solicite nuevas órdenes de captura o procesos de extradición contra funcionarios mexicanos.

• Analistas advierten que el uso de leyes antiterrorismo podría marcar un precedente histórico en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, además de modificar el alcance de las investigaciones judiciales relacionadas con el crimen organizado transnacional.