De acuerdo con el ministro de consumo, Alberto Garzón, el gobierno aprobó un proyecto de ley que establece el límite de tres minutos y que da a los consumidores el derecho a ser atendidos por una persona, no por una máquina.
"Se acabaron (...) los tiempos de espera prácticamente infinitos que producen frustración", dijo Garzón en una rueda de prensa.
El ministro expresó que las empresas de servicios públicos y básicos tendrán que responder a las reclamaciones de los clientes en un plazo de dos horas.
Las empresas deberán informar sobre las incidencias relacionadas con el suministro del servicio en una línea telefónica gratuita durante las 24 horas del día y los 365 días del año y no podrán derivar a los clientes a líneas telefónicas de pago.
Quienes no cumplan la ley se enfrentarán a multas de entre 150 y 10 mil euros y hasta 100 mil euros si el problema afecta a consumidores vulnerables o las infracciones se repiten.
La asociación Cex, que representa a los 'call centers' y otras empresas relacionadas con los clientes, no respondió a una solicitud de comentarios.