- El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, presentó el Decreto sobre Deudores Alimentarios, que establece la creación del Registro Estatal de Deudores de Alimentos. Esta medida busca garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y sancionar a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.
Durante el evento en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, García Sepúlveda afirmó que esta iniciativa marca el inicio de una serie de acciones para corregir injusticias históricas. Subrayó que el abandono de responsabilidades parentales tendrá consecuencias sociales y legales:
Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que el registro representa un avance en la defensa de las madres y, sobre todo, en la protección de la infancia.
CONSECUENCIAS PARA QUIENES APAREZCAN EN EL REGISTRO
Las personas inscritas como deudores alimentarios enfrentarán restricciones significativas mientras no cumplan con sus obligaciones:
- No podrán obtener ni renovar su licencia de conducir.
- No podrán casarse por el civil.
- No podrán participar en procesos de adopción.
- No podrán aspirar a cargos judiciales como jueces o magistrados.
- No podrán ocupar cargos públicos ni ser candidatos en elecciones.
- No podrán ser designados en organismos estatales o autónomos.
Además, cualquier funcionario o persona que intente proteger a un deudor alimentario podrá ser sancionado.
REFORMAS COMPLEMENTARIASEsta medida se suma a otras reformas impulsadas por el gobierno estatal, como los registros de agresores sexuales y violentadores familiares, la ley "3 de 3" contra la violencia, y una iniciativa penal que castiga con hasta cinco años de prisión a quienes simulen ingresos bajos para evadir el pago de pensión alimenticia.
La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, recordó que el derecho a recibir alimentos es esencial para el desarrollo integral de la infancia.
En la firma del decreto participaron también Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno; Gloria Bazán Villarreal, directora del DIF Nuevo León; y Javier Flores Saldívar, fiscal general del Estado.