El gobierno federal mantiene negociaciones con la empresa transnacional Vulcan para alcanzar un acuerdo que permita cancelar de manera definitiva la extracción de piedra caliza en el área natural protegida vinculada al proyecto.
- La propuesta incluye, además, explorar otra región para esa actividad y que la compañía financie un programa de remediación ambiental en la zona afectada.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el diálogo continúa, aunque al mismo tiempo sigue en curso un arbitraje internacional promovido por la empresa, con el objetivo de lograr la reapertura del área para la explotación de piedra caliza.
- De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el gobierno busca resolver el conflicto mediante un entendimiento que cierre el paso a una eventual reactivación de la extracción en el sitio.
Sheinbaum señaló que el puerto concesionado a Vulcan ya permanece cerrado desde que se canceló la explotación de piedra caliza en esa zona. En ese contexto, explicó que la negociación contempla no solo la salida definitiva de la actividad extractiva del área protegida, sino también medidas de restauración ambiental a cargo de la propia empresa.
- La presidenta indicó que, por ahora, estos acercamientos no se han hecho públicos porque el gobierno espera alcanzar un acuerdo antes de divulgar mayores detalles.
En caso de que las conversaciones no prosperen, el conflicto quedará en manos del arbitraje internacional, donde se definirá el futuro de la operación y de las reclamaciones de ambas partes.
El caso forma parte de una disputa más amplia entre el Estado mexicano y la compañía, luego de las restricciones impuestas a la explotación en la zona. Mientras el gobierno insiste en la protección ambiental y en la búsqueda de una solución definitiva, Vulcan ha mantenido su ruta legal para intentar recuperar condiciones de operación.
Las autoridades federales no han detallado plazos para cerrar la negociación ni han precisado qué región alternativa se evalúa para la extracción de material. Tampoco se han dado a conocer los términos financieros del eventual programa de remediación, aunque la administración federal dejó ver que dicho esquema sería parte central del acuerdo.
Por ahora, la posición del gobierno es sostener la negociación hasta agotar la vía del entendimiento. Si no se alcanza una solución, el litigio seguirá su curso en instancias internacionales, donde se definirá si la explotación queda cancelada de manera definitiva o si la empresa logra revertir parcialmente las medidas adoptadas por México.