Según el documento editado por la UNAM, “Avances de Investigación del Tren Maya”, de los investigadores del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Ana Esther Ceceña y Josué G. Viega, la región contemplada en el proyecto Tren Maya, según el INAH, tiene un total de 7274 puntos de valor arqueológico.
Al menos 1288 de estos sitios se encuentran en el margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía prevista para el Tren y serán directamente impactados tanto por la construcción como por el funcionamiento del medio de transporte que no sólo traerá más gente al lugar sino que, siendo un tren rápido, provocará vibraciones y afectaciones en la base territorial por donde transite.
De acuerdo al mismo documento, en el país se identifican 62 grupos etnolingüísticos diferentes, de los que 44 habitan la región del Tren Maya y que han conservado su lengua y su cultura.
Estos pueblos, se encuentran también, como los referentes arqueológicos, en la ruta que se ha decidido para el tren. En una franja de 1 kilómetro a ambos lados de la vía el Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI) registra 197 localidades indígenas y un total de 143 mil 866 personas indígenas contando las que se encuentran en localidades con presencia indígena dispersa.
Ampliando a 10 kilómetros la zona de impacto, la cifra se amplía a 665 mil 556 personas indígenas con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum, repartidas en 1298 localidades de las que 874 son indígenas. Con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum se registran 620 mil 919 habitantes indígenas en un total de 1147 localidades, de las que 834 son indígenas, refiere el documento de Veiga y Ceceña.
Señalan los autores que “son tantos los daños que provocarían los megaproyectos, y de una naturaleza tan profunda y definitiva, que sumando todos sus posibles beneficios mantienen un saldo negativo de bastante consideración”.
“Desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica llamamos a detener estos proyectos y a reflexionar con información y tiempo adecuados sobre las alternativas que pueden ser propuestas por los pueblos y habitantes locales, por la sociedad mexicana y por el gobierno para revertir daños ya causados por proyectos o desarrollos anteriores y para recuperar las condiciones de una vida con respeto, cuidado y reconstrucción de la diversidad cultural, ambiental y política en la región del Sureste”, refiere el documento.