La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca confirmó que el asesinato del estudiante Diego Ignacio Paz, ocurrido en agosto de 2024, fue una ejecución extrajudicial cometida por policías municipales de Santa Lucía del Camino.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) concluyó que el joven Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de policías municipales de Santa Lucía del Camino, durante un operativo de alcoholímetro realizado el 30 de agosto de 2024.
Según los dictámenes periciales, el estudiante no se encontraba alcoholizado ni bajo el efecto de drogas, y fue agredido con armas de fuego tras intentar evadir el punto de control. Otro joven que lo acompañaba fue torturado, lo que agrava la dimensión del caso.
- El operativo fue implementado por orden del entonces presidente municipal Juan Carlos García Márquez, y hasta el momento no se ha ejercido acción administrativa ni penal contra los agentes involucrados. La DDHPO señaló que el uso de la fuerza fue ilegítimo, desproporcionado y contrario a los protocolos de actuación policial, lo que configura una grave violación a los derechos humanos.
Organizaciones civiles, académicas y familiares del joven han exigido que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General de la República (FGR) actúen con celeridad para judicializar el caso y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales.
El caso ha sido retomado por colectivos que documentan violencia institucional y abusos policiales, quienes advierten que este tipo de hechos no son aislados y reflejan fallas estructurales en la formación, supervisión y rendición de cuentas de las corporaciones municipales.
- México ha sido señalado por organismos internacionales como la ONU-DH y Amnistía Internacional por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, especialmente en operativos locales. La ejecución de Diego Ignacio Paz se suma a una serie de casos que han puesto en entredicho la actuación de policías municipales en contextos de control civil.
La DDHPO ha solicitado que se revisen los protocolos de alcoholímetros y operativos preventivos, y que se establezcan mecanismos de supervisión externa para evitar que se repitan hechos similares.