Tres mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio, robo con violencia y violación en grado de tentativa, ocurridos en febrero de 2023 en una zona montañosa al sur de San Cristóbal, exigieron junto con sus familiares que el caso no quede en la impunidad y que se garantice el acceso a la justicia.
- Durante una conferencia de prensa, las víctimas reclamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cumpla con sus obligaciones legales y actúe con perspectiva de género.
Entre sus demandas señalaron la realización de un juicio justo sin revictimización, la reparación integral del daño, la implementación de medidas reales y efectivas de protección y seguridad, así como garantías de no repetición y no discriminación.
Dulce, una de las sobrevivientes, relató que el 25 de febrero de 2023, ella, su hermana y una amiga de nacionalidad canadiense fueron atacadas con armas de fuego mientras descendían de una montaña conocida como Don Lauro, ubicada en una ruta de carácter turístico.
Explicó que dos hombres armados las agredieron violentamente, intentaron abusar sexualmente de una de ellas y atentaron contra sus vidas. Indicó que lograron sobrevivir gracias a que permanecieron unidas y resistieron el ataque, lo que obligó a los agresores a huir del lugar.
Posteriormente, fueron auxiliadas por otros visitantes que se encontraban en la zona.
Acompañada por integrantes de la asamblea Somos Fuego Feminista y por la abogada Martha Figueroa.
Dulce denunció que al solicitar apoyo a través del número de emergencias 911, la respuesta fue que la policía no podía intervenir debido a que la comunidad se rige por usos y costumbres, situación que, afirmó, evidenció una grave omisión y abandono institucional en un momento crítico.
Asimismo, señaló que, con ayuda de familiares y amistades, se trasladaron a la Fiscalía Zona Altos, en San Cristóbal, para presentar la denuncia.
Sin embargo, lejos de recibir respaldo, aseguró que enfrentaron violencia institucional, ya que la agente del Ministerio Público inicialmente se negó a atenderlas, realizó comentarios misóginos y revictimizantes, minimizó la gravedad del ataque, no proporcionó un traductor para la víctima extranjera y además les cobraron por la toma de su declaración.
Dulce afirmó que fue hasta que su hermano difundió parte de los hechos en redes sociales que la Fiscalía decidió intervenir.
No obstante, a casi tres años del ataque, aseguró que la violencia no ha cesado, ya que continúan recibiendo amenazas, actos de intimidación y hostigamiento tanto de los presuntos agresores como de personas vinculadas con su defensa.
Añadió que también han enfrentado impunidad, omisiones y revictimización por parte de diversas instancias estatales. Finalmente, las víctimas expresaron que siguen a la espera de respuestas claras y transparentes por parte de las autoridades.
Señalaron que el ataque dejó profundas secuelas en su vida, incluyendo afectaciones psicológicas y físicas, pérdidas económicas y laborales, estigmatización social, así como constantes intimidaciones en sus hogares y a través de redes sociales. Subrayaron que viven con miedo ante la falta de medidas de protección efectivas que garanticen su seguridad.