La libertad de expresión en México enfrenta desafíos significativos en la actualidad, especialmente con la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Este proyecto ha generado preocupación entre periodistas, activistas y ciudadanos, ya que podría permitir el bloqueo de plataformas digitales sin una orden judicial, afectando el acceso a la información y la libre difusión de ideas.
ASPECTOS CLAVE DE LA REFORMA
- Artículo 109: Este apartado establece que las autoridades pueden solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales si incumplen normativas. Esto ha sido interpretado como una posible herramienta de censura.
- Preocupaciones sobre la censura: Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta medida podría ser utilizada para silenciar voces críticas y limitar el debate público.
- Impacto en el periodismo: México ya es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 639 agresiones contra la prensa en 2024, según el informe de Artículo 19. La reforma podría agravar esta situación al restringir el acceso a información independiente.
- Reacciones políticas: La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el artículo 109 podría modificarse o eliminarse para evitar interpretaciones que sugieran censura. Sin embargo, algunos legisladores han expresado su intención de aprobar la reforma rápidamente.
CONTEXTO Y RIESGOS
México ha visto un aumento en las restricciones a la libertad de expresión en los últimos años. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido otro golpe a la transparencia y el derecho a la información.
Además, expertos han advertido que el país podría estar siguiendo patrones de censura similares a los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el control estatal sobre los medios ha sofocado la disidencia.
CONCLUSIÓN
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones representa un punto crítico en el debate sobre la libertad de expresión en México. Si bien el gobierno ha asegurado que no busca censurar, la falta de garantías claras y el contexto de violencia contra periodistas generan incertidumbre.
La sociedad civil y los medios de comunicación han exigido un debate abierto para evitar que esta reforma se convierta en una herramienta de control sobre la información.