Marco Antonio Almanza, exfuncionario de la Policía de Investigación de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos luego de ser señalado en una investigación federal relacionada con presuntos vínculos con integrantes de la facción conocida como "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.
- De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la entrega del exmando ocurre en medio de un proceso judicial que se desarrolla en una corte federal de Nueva York, donde fiscales estadounidenses han presentado acusaciones contra varios funcionarios y exfuncionarios de seguridad del estado de Sinaloa.
Según la acusación, Almanza y otros seis integrantes de corporaciones de seguridad y de la Fiscalía estatal habrían colaborado presuntamente con miembros de dicha organización criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados facilitaron diversas actividades del grupo, permitiéndole operar con menor presión de las fuerzas de seguridad e incluso obtener ventajas frente a organizaciones rivales.
La investigación forma parte de una serie de acciones emprendidas por el gobierno estadounidense para indagar posibles redes de protección institucional que habrían beneficiado a integrantes del crimen organizado en Sinaloa.
Las acusaciones también han tenido repercusiones en México. Como parte de las investigaciones abiertas por las autoridades federales mexicanas tras los señalamientos realizados por Estados Unidos, diversos actores políticos y funcionarios comparecieron recientemente ante la Fiscalía General de la República en la ciudad de Culiacán.
Entre quienes acudieron a rendir declaración se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Posteriormente también se presentó ante las autoridades ministeriales el propio Marco Almanza, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El caso continúa bajo investigación tanto en Estados Unidos como en México y forma parte de una serie de indagatorias enfocadas en esclarecer posibles nexos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado que operan en la región.