Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre caso de la Minera Camino Rojo en Zacatecas

• La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal está investigando el caso de la minera Camino Rojo, en Zacatecas.

Donde la empresa canadiense Orla Mining —a través de esa unidad minera de oro y plata ubicada en Mazapil— habría recurrido a elementos del crimen organizado para amenazar y amedrentar a trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero y presionarlos para desertar de su sindicato.

Un panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T‑MEC dictaminó que Orla Mining, operadora de la mina, es "responsable directa de injerencia patronal" en el proceso sindical, tras documentar:

• Uso de grupos armados para interrumpir asambleas.
• Amenazas de muerte en las casas de trabajadores.
• Violencia física y actos de intimidación para manipular la afiliación a un sindicato de "protección" patronal vinculado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, en lugar del sindicato liderado por Napoleón Gómez Urrutia.

Los hechos se registraron principalmente en el contexto de un proceso de elección sindical en el que se buscaba desplazar a la organización obrera histórica.

Ante la pregunta sobre este caso, la mandataria dijo que no quiso adelantar una posición pública porque, según su criterio, no tiene aún todos los elementos para emitir una declaración completa:

Sin embargo, fue categórica en tres puntos:

• Reconoció que los hechos denunciados son ilegales:

• Admitió que podría haber delitos que perseguir si se acreditan los hechos:

• Informó que el gobierno ya investiga:

Sheinbaum adelantó que el martes, durante la participación del Gabinete de Seguridad en la mañanera, se darán más pormenores sobre el caso y que ella misma sostendrá una reunión con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para "conocer todo el contexto" del conflicto laboral en Camino Rojo.

Los trabajadores de la sección 335 del sindicato aseguran haber denunciado repetidamente a autoridades federales y estatales, incluidas las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, pero sostienen que no hubo respuesta efectiva.

La resolución del panel del T‑MEC concluye que la mina:

• Violó la libertad de asociación y de negociación colectiva.
• Dejó actuar con impunidad a grupos armados durante meses, generando un "efecto disuasivo" en el voto.
• Mantiene responsabilidad de reparar los daños laborales y garantizar la neutralidad en procesos sindicales futuros.

La presidenta busca, por un lado, no minimizar la gravedad del caso y, por otro, evitar pronunciamientos fragmentados antes de tener la información completa de la STPS, la Fiscalía de Zacatecas y las autoridades mineras.

Con su mensaje de que "se está investigando" y de que la empresa actúa "fuera de la ley" si se confirman las acusaciones, Sheinbaum envía señales de:

1. No tolerar la alianza de empresas con crimen organizado para destruir sindicatos legítimos.
2. Reforzar la defensa de la libertad sindical, alineada con el estándar del propio T‑MEC.
3. Coordinar acciones penal y laboral para que, de probarse, el uso de la violencia por parte de la mina tenga consecuencias legales claras.