Programa de playas libres en Tulum desata debate

El alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, enfrenta una ola de críticas por su programa Playas Libres que promete acceso gratuito, pero impone restricciones que muchos consideran excluyentes.

SITUACIÓN QUE EMPEORA

La iniciativa, presentada por el edil a través de un video en redes sociales, busca garantizar el acceso libre a las playas del municipio, pero ha generado controversia por las condiciones impuestas: se prohíbe ingresar con alimentos, bebidas, hieleras y sombrillas, y el consumo solo está permitido en los establecimientos participantes.

  • El gobierno municipal sostiene que el programa tiene como objetivo ordenar el uso de las playas y fomentar el consumo en negocios locales. Sin embargo, usuarios en redes sociales han calificado la estrategia como una contradicción al concepto de libre acceso, señalando que las restricciones favorecen intereses comerciales y excluyen a quienes no pueden pagar por servicios turísticos.

Comentarios irónicos como "¿Puedo llevar ropa puesta?" o "Entrada gratis, pero 200 pesos el refresco" se han viralizado, evidenciando el descontento ciudadano.

Diversos medios locales y nacionales han documentado la polémica, destacando que el programa, lejos de democratizar el acceso a las playas, reproduce dinámicas de exclusión en un destino turístico que ya enfrenta tensiones por el uso privado de espacios públicos.

El alcalde Diego Castañón, militante de Morena, no ha emitido una postura oficial ante las críticas, aunque su administración sostiene que las medidas buscan garantizar seguridad, limpieza y orden en las zonas costeras.

Organizaciones civiles y ambientalistas han advertido que este tipo de restricciones podrían vulnerar el derecho constitucional al libre acceso a playas, consagrado en el artículo 27 de la Constitución mexicana y en la Ley General de Bienes Nacionales.

Tulum ha sido escenario de múltiples disputas por el uso de playas, terrenos costeros y zonas protegidas. El programa "Playas Libres" se suma a un contexto de creciente privatización y presión inmobiliaria, donde el acceso público se ve condicionado por intereses económicos.

La controversia podría escalar si no se revisan las condiciones del programa, especialmente en un municipio que depende del turismo, pero también enfrenta desafíos de desigualdad y preservación ambiental.