El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió no otorgar ni permitir la continuidad de los seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) ni del Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI) a ningún trabajador, incluidos jueces y magistrados, bajo el argumento de que todos deben considerarse como personal de nuevo ingreso.
Esta decisión ha generado inconformidad entre sindicatos y especialistas, quienes advierten una posible vulneración de derechos laborales adquiridos, protegidos por la Constitución.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del OAJ emitió una opinión técnico-jurídica en la que analizó cinco supuestos laborales —incluyendo cambios de adscripción, nuevos nombramientos y licencias— y concluyó que en todos los casos se configura una interrupción en la relación laboral, lo que impide conservar las prestaciones previas.
- El acuerdo fue aprobado por unanimidad en sesión del Pleno del OAJ el 5 de septiembre y entró en vigor el día 1 del mismo mes. A partir de esa fecha, ningún trabajador de mandos medios o superiores, incluidos jueces federales electos, podrá acceder a los seguros SGMM y SEGSEI, incluso si ya laboraban en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La medida también afecta a quienes obtuvieron licencias para ocupar nuevos cargos, ya que se considera que existe una suspensión de la relación laboral, lo que obliga a regirse por el nuevo tabulador de sueldos aprobado en septiembre de 2025.
El artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII, establece que los derechos adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado deben respetarse, incluso en procesos de reestructuración institucional. Diversos especialistas han advertido que la resolución del OAJ podría ser impugnada por vía judicial, al contravenir este principio.
Además de la eliminación de prestaciones, se han reportado despidos en juzgados del Séptimo Circuito en Veracruz y otras entidades, bajo el argumento de "pérdida de confianza". El sindicato ha denunciado hostigamiento laboral y falta de transparencia en los procesos de nombramiento y adscripción.