El plan del Gobierno de la Ciudad de México para reducir en 97 por ciento el número de personas en situación de calle es insuficiente, pues estos ciudadanos son maltratados e intimidados para hacer una “limpia” en las calles, indicó el diputado local Royfid Torres.
“No está funcionando el andamiaje institucional para atender a estas personas, pueden desaparecerlas, morir y no pasa nada (…) En su programa de gobierno tienen por objetivo reducir de siete mil a 250 el número de personas en situación de calle, pero no se establece cómo conseguirlo, no sabemos cómo lo plantean.
“Para nosotros la vía sería la recuperación de estas personas a la vida económica, social y a la familiar, pero parece que para ellos la meta está únicamente en retirarlos de las calles, sin tener ninguna manera concreta de cómo lograrlo; es una política mal orientada hacia estas personas en situación de calle”, indicó .
De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 realizado por el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 20 por ciento de estas personas cuenta con un nivel educativo de media superior o estudios profesionales; 17 de cada 100 personas tiene una discapacidad física. En tanto, cinco de cada 100 presentan alguna enfermedad mental. Además, señala que cuatro mil 354 personas están en calle y dos mil 400 en albergues.
El legislador local mencionó que se necesita una política integral, de asistencia e implementar controles de supervisión en los albergues con el fin de que las personas en situación de calle tengan confianza y la seguridad de que se les tratará bien y con respeto a sus derechos humanos.
El eje de las líneas de estrategia del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México para reducir de casi siete mil a 250 personas en situación de calle, es dar atención a poblaciones prioritarias “desde una perspectiva integral de derechos humanos”; sin embargo, esto no se ha cumplido, como en el caso de Hermelinda.
Recientemente integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana en el Congreso capitalino denunciaron ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina a la directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Nadia Troncoso Arriaga, luego de que se confirmara que Hermelinda Vergara Pérez, una mujer de 31 años en situación de calle, murió después de haber ingresado a un albergue.
“Han fallado las líneas de estrategia del Plan General de Desarrollo, y el caso de Hermelinda es el claro ejemplo del abandono institucional en el que se encuentran las personas en situación de calle. A nosotros nos indignó, nos alarmó el caso porque al final pueden acabar en la fosa común sin que nadie sepa qué les pasó y quiénes son los responsables", dijo.