En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó el dictamen para reformar la Ley General de Salud, el cual contempla sanciones de uno a ocho años de prisión para quienes participen en actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos o vapeadores, incluyendo su preparación, producción, envasado, transporte, almacenamiento, importación, exportación, comercialización y venta.
- No obstante, la redacción del artículo 282 Quater generó polémica, ya que establece la prohibición de la "adquisición" de estos dispositivos en todo el país, lo que desató un intenso debate entre los legisladores. Incluso diputados del bloque oficialista reconocieron que se trataba de un error en el texto.
La iniciativa fue aprobada con 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención, y también contempla la prohibición absoluta de publicidad o propaganda de vapeadores y dispositivos similares en cualquier medio, ya sea impreso, digital, televisivo o radial.
Además, se establece que quienes fabriquen, comercialicen, transporten, almacenen, importen, exporten o distribuyan estos productos serán acreedores a multas de entre 100 y 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).