El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que existen 109 investigaciones penales en curso por presuntos actos de corrupción en el sistema aduanero mexicano, con un perjuicio estimado al fisco de más de 22 mil millones de pesos.
La revelación se dio durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
La titular del SAT, Lucía Buenrostro, detalló que los casos involucran redes de complicidad entre agentes aduanales, funcionarios públicos y empresas privadas, que habrían facilitado el ingreso irregular de mercancías, evasión de impuestos y manipulación de sistemas de control.
¿Qué tipo de delitos se investigan?
- Contrabando y defraudación fiscal
- Falsificación de documentos
- Manipulación de sistemas de valoración aduanera
- Uso indebido de facultades públicas
- Las investigaciones están siendo coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en un esfuerzo interinstitucional por desmantelar estructuras delictivas que operan en puertos fronterizos y marítimos.
Las aduanas más señaladas por irregularidades son:
- Manzanillo (Colima)
- Veracruz (Veracruz)
- Lázaro Cárdenas (Michoacán)
- Nuevo Laredo (Tamaulipas)
- Tijuana (Baja California)
Estas instalaciones concentran el mayor volumen de comercio exterior y han sido objeto de operativos especiales desde 2021, cuando el control de las aduanas pasó parcialmente a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Lucía Buenrostro afirmó que "la corrupción en aduanas no solo afecta la recaudación, sino que pone en riesgo la seguridad nacional y la competitividad del país". Añadió que se han reforzado los sistemas de vigilancia con inteligencia artificial, cámaras de reconocimiento facial y trazabilidad digital de mercancías.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Carlos Noriega, pidió que los casos no queden en sanciones administrativas, sino que se judicialicen y se recuperen los recursos desviados.
El SAT estima que el daño al erario supera los 22 mil 400 millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto anual de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. La cifra incluye impuestos no cobrados, multas omitidas y mercancía ilegal que ingresó sin registro.