A un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el factor humano fue determinante en el incidente, específicamente un exceso de velocidad por parte del conductor del tractocamión.
- Durante una presentación técnica realizada este viernes, la dependencia capitalina expuso los datos preliminares obtenidos a partir de análisis de video, registros de telemetría y cálculos periciales. Según la investigación, el operador tomó la incorporación al puente a 44 kilómetros por hora, cuando el límite permitido era de 40 km/h, lo que habría generado una pérdida de control y posterior ignición del combustible.
El siniestro, ocurrido el 10 de septiembre, dejó tres personas lesionadas, afectó más de una decena de viviendas y provocó la evacuación de cientos de vecinos. La pipa, que transportaba gas LP, se volcó y explotó al momento de incorporarse al puente, generando una onda expansiva que alcanzó hasta 300 metros a la redonda.
Los peritajes descartaron fallas mecánicas graves o sabotaje externo, y apuntan a una maniobra imprudente como causa principal. La empresa propietaria del vehículo podría enfrentar responsabilidad administrativa y penal, en caso de confirmarse deficiencias en la capacitación del operador o incumplimiento de protocolos de seguridad.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció que se reforzarán los protocolos de supervisión para unidades de transporte de materiales peligrosos, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. También se evalúa la instalación de radares de velocidad y señalización reforzada en accesos a puentes y vialidades estratégicas.
La alcaldía Iztapalapa continúa brindando apoyo a las familias afectadas mediante el Fondo de Atención a Víctimas, y coordina con la CFE y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para restablecer servicios básicos en las viviendas dañadas.
Vecinos de La Concordia han reiterado su exigencia de mayor supervisión a empresas gaseras, señalando que las pipas circulan en zonas habitacionales sin medidas visibles de seguridad. Colectivos ciudadanos han solicitado que se prohíba la descarga de gas en vía pública y que se establezcan zonas exclusivas para maniobras de alto riesgo.
La Fiscalía continuará con la investigación para deslindar responsabilidades y determinar si existen agravantes que ameriten sanciones penales adicionales.