La fabricación de delitos en México ha sido denunciada por organizaciones civiles, víctimas y especialistas como una práctica sistemática que vulnera el debido proceso, criminaliza a inocentes y profundiza la crisis de confianza en el sistema de justicia penal.
Aunque no siempre es visible, sus consecuencias son devastadoras: personas encarceladas sin pruebas válidas, montajes mediáticos, y procesos judiciales manipulados.
Se trata de la simulación o alteración de pruebas, testimonios o procedimientos para imputar a una persona por un crimen que no cometió. Las formas más comunes incluyen:
- Montajes de escenas del crimen
- Falsificación de peritajes o documentos
- Presión a testigos o víctimas para declarar falsamente
- Detenciones arbitrarias sin orden judicial ni evidencia sólida
- Uso indebido de prisión preventiva como castigo anticipado
En octubre de 2025, Jafet Tirado denunció públicamente que su hermano Raúl Tirado fue acusado falsamente de secuestro por la Fiscalía General de la República (FGR).
La única prueba presentada fue un peritaje de voz que comparaba audios de 1994, cuando Raúl tenía solo 16 años. El caso ha sido retomado por medios y activistas como ejemplo de fabricación judicial sin sustento técnico.
Organizaciones como Los Ángeles Press han documentado que esta práctica es recurrente y no sancionada, lo que quiebra el Estado de derecho y profundiza la impunidad. En muchos casos, las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, indígenas, migrantes o activistas.
La fabricación de delitos:
- Desacredita el sistema judicial
- Viola derechos humanos fundamentales
- Desvía recursos públicos de investigaciones reales
- Permite que los verdaderos responsables queden impunes
- Además, genera daños irreparables a las víctimas, que enfrentan procesos largos, estigmatización social y pérdida de libertad sin fundamento legal.
Diversos organismos han recomendado:
- Fortalecer la independencia judicial y ministerial
- Capacitar a policías y fiscales en derechos humanos y técnica jurídica
- Garantizar el acceso a defensa legal adecuada
- Crear mecanismos de revisión de casos con indicios de fabricación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones como Centro Prodh han exigido reformas estructurales para prevenir y sancionar esta práctica.