La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el Artículo 2448 D del Código Civil de la CDMX, que prohíbe incrementos discrecionales en rentas de vivienda, limitándolos a la inflación anual reportada por el Banco de México del año previo.
Esta medida protege el derecho a una vivienda adecuada (artículo 4° constitucional y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), previniendo alzas abusivas que impulsan la gentrificación en la capital.
El Pleno argumentó que el tope no vulnera la libertad contractual (artículo 5°) ni el derecho de propiedad (27 constitucional), pues permite negociar libremente el monto inicial y condiciones del contrato. Así, arrendatarios evitan desalojos por rentas impagables, mientras arrendadores mantienen rentabilidad ajustada a la economía real.
REGISTRO DIGITAL CON LÍMITES ESTRICTOS- La Corte también respaldó los párrafos tercero y cuarto del Artículo 2448 F, que crean un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento a cargo del Gobierno de la CDMX.
Sin embargo, impuso una interpretación restrictiva: el registro solo recopilará datos esenciales —monto de renta, incremento pactado, colonia y alcaldía— para monitorear evolución de precios y evaluar asequibilidad habitacional.
Cláusulas detalladas quedan excluidas: descripción del inmueble, lugar de pago, garantías o término del contrato. Esta limitación evita invasión a privacidad y burocracia excesiva, enfocándose en estadísticas públicas para políticas de vivienda.
CONTEXTO DE LA CRISIS HABITACIONAL EN CDMXEn una ciudad con 9.2 millones de habitantes y déficit de 1.2 millones de viviendas dignas, rentas han subido 40% desde 2020 por demanda extranjera y Airbnbs. Zonas como Roma-Condesa o Narvarte ven desalojos masivos; el artículo limita abusos, alineado con la Ley de Vivienda de la CDMX (2023).
- Propietarios critican "expropiación indirecta", pero la SCJN prioriza equilibrio social.
La decisión fortalece herramientas contra especulación: multas hasta 500 UMA por incumplimiento, y acceso INVI/CDMX a datos para subsidios. Beneficia a 1.5 millones de arrendatarios, estabilizando barrios vulnerables ante inflación proyectada al 3.5% en 2026.
Esta resolución posiciona a la CDMX como referente latinoamericano en vivienda asequible, equilibrando derechos sin eliminar mercado libre. Reduce litigios por desalojos (20 mil anuales) y fomenta contratos transparentes.