LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL
- El Gobierno de México, a través de una investigación conjunta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la suspensión inmediata de operaciones de 13 casinos físicos y virtuales por presuntas prácticas de "lavado de dinero" y evasión fiscal.
Los casinos investigados, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, mantenían movimientos millonarios en efectivo con transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y operaban con plataformas digitales no supervisadas.
Explicó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La procuradora fiscal Gisel Galeano detalló que para estas operaciones se usaban cuentas bancarias y tarjetas prepagadas robadas a personas comunes —incluyendo jóvenes, amas de casa y jubilados— quienes eran utilizados sin su conocimiento para mover el dinero ilícito.
- Los recursos eran enviados a paraísos fiscales y posteriormente reintegrados a México con apariencia legal en un ciclo repetido miles de veces.
Ante esto, la UIF bloqueó cuentas bancarias y páginas electrónicas vinculadas a los casinos, además de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de seguir el flujo financiero vinculado a grupos criminales y señaló que se trabaja en una reforma legal para actualizar la regulación del creciente sector de casinos digitales, que actualmente operan en redes sociales y plataformas de manera poco supervisada.
Afirmó Sheinbaum.
Estas acciones reiteran el compromiso del gobierno para proteger el sistema financiero y evitar que sea utilizado por el crimen organizado, garantizando la legalidad y protección de los usuarios.