Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el Gobierno de México, de acuerdo con el diario The New York Times (NYT).
Entre los blancos del programa, señala el diario, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos periodistas mexicanos y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Se trata del software conocido como Pegasus, el cual se "infiltra en los smartphones y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto", según el reportaje del NYT publicado este lunes.
Sin embargo, el programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. El fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de droga.
Pese a ello, de acuerdo con decenas de mensajes examinados por NYT y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido críticas al Gobierno, así como a sus familiares.
Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente.
Los intentos de hackeos fueron muy personalizados, se lee en NYT, "llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares".
Los periodistas que fueron víctimas de este programa son Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
De acuerdo con la ley del país, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunidades privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.