El ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo obtuvo la medida cautelar de arraigo domiciliario tras efectuarse una audiencia ayer en el Juzgado Tercero ubicado en la ciudad de Villahermosa.
La jueza Leeda Ferrer Ruiz aprobó la medida presentada por la defensa jurídica del ex mandatario representada por Miguel Romero Pérez, quien argumentó que por la avanzada edad del imputado obtenía el beneficio de cumplir su condena en su domicilio particular.
Por tal razón, Andrés Granier concluirá el procedimiento en su residencia ubicada en la calle cerrada de Cerro de la Miel no. 26 en la colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México.
De acuerdo a la diligencia, no podrá abandonar la vivienda a menos que requiera atención médica en algún nosocomio de la capital del país, debido al beneficio de Ley y por el estado de salud que presenta el ex jefe del Ejecutivo estatal.
Sería la Policía de Investigación la que permita su traslado al domicilio que se instruyó tras ocho horas de audiencia en el Juzgado Tercero ubicado a un costado del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).
La defensa jurídica justificó que Granier Melo debe continuar el proceso en su domicilio al contar con más de 70 años de edad y registrar múltiples problemas de salud que requieren de atención médica.
La audiencia del químico comenzó este martes 15 de enero en punto de las 11:45 de la mañana; posteriormente hubo un receso de 15 minutos y después uno de cuatro horas, para llegar a un resolutivo a las 7:30 de la noche.
Fue el pasado lunes 08 de enero cuando el Juez Cuarto de Distrito, León Darío Morice quien determinó proporcionar la medida de prisión preventiva domiciliaria.
La defensa del ex gobernador presentó ante el Ministerio Público Federal y representantes de la Secretaría de Hacienda para lograr que concluyera la condena en su vivienda.
Fue hace casi aproximadamente seis años cuando Andrés Rafael Granier Melo fue detenido por la Procuraduría General de la República en junio de 2013 al ser acusado por el delito de peculado y por el desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular bajo su administración de 2007-2012