La imposición de un arancel del 30% a la importación de vehículos pesados podría generar afectaciones en la cadena productiva y comercial del sector, reconoció el subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo Fernández.
Sin embargo, aseguró que no se prevé el cierre de empresas, y que el Gobierno trabaja en medidas de mitigación para preservar la competitividad.
La medida, incluida en el decreto presidencial publicado el 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, busca proteger la producción nacional de tractocamiones, autobuses y camiones de carga, frente a prácticas de comercio desleal detectadas en mercados asiáticos, principalmente China e India.
- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) expresaron preocupación por el efecto en costos logísticos y en la renovación de flotas. Según ANPACT, más del 40% de los vehículos pesados comercializados en México provienen del extranjero, y el arancel podría elevar los precios hasta en un 20%.
Empresas como Daimler Truck México y Scania señalaron que el decreto podría afectar la planeación de pedidos para el primer semestre de 2026, aunque descartaron despidos o cierres de plantas.
La Secretaría de Economía informó que se establecerá un periodo de transición de seis meses para que las empresas ajusten sus cadenas de suministro. Además, se abrirá una mesa técnica con representantes de la industria, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evaluar excepciones y mecanismos de compensación.
El decreto contempla también la revisión de los certificados de origen y la trazabilidad de componentes, con el fin de evitar triangulaciones que burlen el arancel.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de defensa comercial impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer sectores estratégicos frente a prácticas de dumping. En los últimos meses, se han aplicado medidas similares en acero, textiles y productos electrónicos.
Legisladores de Morena y PT respaldaron el decreto como parte de una política industrial soberana, mientras que representantes del PAN y PRI pidieron una evaluación más profunda del impacto en pequeñas y medianas empresas transportistas.