El tráfico de drogas mediante drones se ha convertido en una práctica en expansión a nivel mundial y plantea un nuevo reto para las fuerzas de seguridad, especialmente en zonas fronterizas.
Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, advierte sobre el aumento de incautaciones de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos criminales en América, Europa, Asia y África para transportar metanfetamina, heroína y cocaína.
En países como México, Colombia y Estados Unidos, el uso de drones para introducir drogas en fronteras y centros penitenciarios se ha vuelto común. México emitió las primeras alertas en 2010 y, poco después, Estados Unidos comenzó a detectar estos aparatos cruzando desde territorio mexicano.
Aunque la mayoría de los drones empleados por narcotraficantes tienen capacidad limitada de carga, existen versiones hechas a medida capaces de transportar hasta 100 kilos. El peso ligero de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas ha facilitado este tipo de contrabando.
La JIFE documenta casos en distintas regiones: drones derribados en Jordania, uso en el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España, y contrabando de heroína en la frontera entre India y Pakistán. El organismo advierte que esta tecnología también podría emplearse para traficar armas o cometer actos terroristas.
Las autoridades han respondido con radares, sistemas antidrones y nuevas leyes de regulación. Turquía, por ejemplo, exige desde 2016 el registro de aeronaves no tripuladas de entre 0.5 y 25 kilos. La Unión Europea trabaja en regulaciones, aunque el informe señala que los esfuerzos aún son insuficientes.
En Estados Unidos, el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso por la presencia de drones ligados a cárteles mexicanos generó polémica en febrero de 2025. Según datos de la Sedena, entre 2019 y 2025 se aseguraron 134 drones en México, con un aumento notable en los últimos dos años.