Los resultados de la investigación del accidente del helicóptero en el cual murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso; el senador panista, Rafael Moreno Valle; su asistente, Héctor Baltazar, así como los capitanes Roberto Coppe y Marco Antonio Romero, puede tomar hasta un año.
De acuerdo con el Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT), hay un protocolo y lineamientos que se deben seguir en caso de un accidente aéreo de avión o helicóptero.
En primer lugar se tiene que integrar una Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos conformada por expertos, autoridades de aeronáutica civil y los fabricantes de la aeronave y motor. El helicóptero accidentado la tarde del 24 de diciembre era un AugustaWestland 109 modelo 2011, con matrícula XA-BON, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. con sede en el Aeropuerto Hermanos Serdán, Puebla. La aeronave despegó a las 14:34 horas del helipuerto Triángulo Las Animas y tenía como destino la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, comentó que el helicóptero contaba con certificado de aeronavegabilidad, emitido el 21 de septiembre de 2018 y con vencimiento el 19 de septiembre de 2020. Contaba con 2 mil 74 horas de vuelo total.
Según Carlos Morán, el contacto entre servicios de tránsito aéreo y la aeronave se perdió minutos después del despegue.
Tras realizar alrededor de nueve intentos de comunicación, se tuvo conocimiento de un impacto e incendio en el rancho San Carlos en el municipio de Tlaltenango, Puebla.
Como parte del protocolo para determinar las causas del accidente, se deben seguir las recomendaciones del Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés).
Para este accidente se contará con apoyo de expertos en aviación canadienses, del fabricante del helicóptero, así como del productor del motor Pratt & Whitney.