El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) completó un proceso histórico de nacionalización al recuperar el control de tres hospitales que operaban bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), los cuales implicaban pagos millonarios mensuales por parte del Estado.
La medida, impulsada por el actual gobierno federal, busca fortalecer el sistema de salud pública y revertir los efectos de décadas de privatización progresiva.
Durante años, empresas privadas construyeron y operaron hospitales dentro del ISSSTE, recibiendo pagos mensuales por su administración. Estos contratos, con vigencias de hasta 30 años, obligaban al instituto a desembolsar miles de millones de pesos, multiplicando varias veces el costo real de los inmuebles.
El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que la compra directa de los hospitales resultó más económica que continuar pagando rentas por décadas. "Ya el hospital salía como varias veces más su costo real", afirmó en entrevista.
Los tres hospitales nacionalizados brindan atención a más de medio millón de derechohabientes y estaban operados por empresas como Prodemex, Invex Grupo Infraestructura y Desarrolladora de Infraestructura de Yucatán. Entre ellos destacan:
- Hospital en Mérida, Yucatán: 66 camas, 18 consultorios, 4 quirófanos, especialidades como geriatría, oncología y cardiología.
- Hospital en Tabasco: 90 camas censables, 41 consultorios, 5 quirófanos, atención en neurocirugía, dermatología y telemedicina.
- Hospital en Nayarit: 209 camas, 35 consultorios, 7 quirófanos, 32 especialidades médicas, incluyendo hematología e infectología.
La nacionalización se enmarca en la política de rescate del sector salud iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno optó por acuerdos con las empresas en lugar de expropiaciones, priorizando el diálogo y la eficiencia financiera.
Según el presidente, el ISSSTE fue "la institución más destruida" durante el periodo neoliberal, y esta operación busca devolver al pueblo bienes privatizados durante más de tres décadas.