La reciente asignación de jueces federales de nuevo ingreso a tareas altamente sensibles en materia de seguridad nacional y justicia penal ha generado preocupación entre operadores jurídicos, defensores de derechos humanos y especialistas del sistema judicial.
- De acuerdo con información oficial, estos jueces —sin experiencia previa en casos penales complejos— fueron adscritos para autorizar la intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades, así como para llevar procesos de alto perfil vinculados al crimen organizado, tras ser asignados a juzgados en los penales de máxima seguridad de Puente Grande (Jalisco) y El Altiplano (Estado de México).
Intervención de comunicaciones: Algunos jueces recién nombrados tendrán la facultad de autorizar el acceso a llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y otras formas de comunicación privada, en el marco de investigaciones penales.
Esta atribución está regulada por el Acuerdo General 36/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la competencia de los jueces adscritos al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Procesos de alto impacto: Otros jueces fueron asignados directamente a juzgados federales dentro de los penales de máxima seguridad, donde se procesan delitos como narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, tráfico de armas y delincuencia organizada.
Según reportes, la Fiscalía General de la República judicializa en estos circuitos los casos de mayor impacto contra integrantes de organizaciones criminales.
- La adscripción fue realizada por el Órgano de Adscripción Judicial (OAJ), que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal. En total, se asignaron 846 personas juzgadoras tras el proceso electoral judicial del 1 de junio. Sin embargo, entre los adscritos hay casos de jueces que no compitieron formalmente, que provienen de cargos administrativos o que carecen de experiencia en juzgados penales.
Aunque el OAJ ha señalado que los jueces recibirán capacitación especializada, expertos advierten que el aprendizaje en funciones tan críticas puede tener consecuencias irreversibles para las personas investigadas, las víctimas y el sistema judicial en su conjunto.
Defensores de derechos humanos han expresado inquietud por el riesgo de autorizaciones indebidas o excesivas en la interceptación de comunicaciones, especialmente en contextos donde la vigilancia estatal ha sido utilizada sin control judicial efectivo.
Asociaciones de jueces y magistrados señalan que la capacitación debe ser reforzada antes de asignar funciones de alta complejidad, y que el acompañamiento técnico debe ser permanente para evitar errores procesales que puedan invalidar investigaciones o vulnerar derechos.
Analistas jurídicos advierten que la legitimidad de las decisiones podría ser cuestionada en tribunales superiores, afectando procesos penales sensibles y generando impunidad en casos de alto impacto.