El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal a sus cargos en medio de las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos.
Las cuales los señalan, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, de presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El anuncio se dio luego de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación formal en la que se sostiene que diversos actores políticos habrían facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
- Incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, a cambio de protección institucional, apoyo político y presuntos sobornos.
A través de un mensaje difundido en video desde Palacio de Gobierno, Rocha Moya informó que presentó una solicitud de licencia ante el Congreso de Sinaloa con el objetivo, afirmó, de facilitar las investigaciones y enfrentar el proceso legal sin afectar al movimiento político al que pertenece.
El gobernador aseguró tener "la conciencia tranquila" y afirmó que su trayectoria pública respalda sus palabras. Rocha Moya también insistió en que los señalamientos carecen de pruebas sólidas y reiteró que colaborará con las autoridades correspondientes.
De manera paralela, el Cabildo de Culiacán aprobó la licencia temporal del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien igualmente aparece mencionado en el expediente judicial presentado en Estados Unidos.
Durante una sesión extraordinaria, Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como alcaldesa provisional de la capital sinaloense, mientras continúan las investigaciones y aumenta la presión política sobre los funcionarios señalados.
De acuerdo con la acusación elaborada por fiscales estadounidenses, la presunta red de colaboración habría permitido al Cártel de Sinaloa operar con protección desde estructuras gubernamentales, incluyendo filtración de información sobre operativos, protección a integrantes del grupo criminal y apoyo en rutas de trasiego de drogas.
El caso ha provocado una fuerte reacción política tanto en México como en Estados Unidos, debido a que involucra a funcionarios en activo y representa uno de los señalamientos más delicados realizados por autoridades estadounidenses contra representantes de un gobierno estatal mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró previamente que no se protegerá a nadie en caso de existir pruebas contundentes, aunque también advirtió que México no permitirá injerencias extranjeras si las acusaciones tienen motivaciones políticas.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República analiza la documentación enviada por autoridades estadounidenses para determinar si existen elementos suficientes que permitan iniciar procesos judiciales conforme a la legislación mexicana.