México rechaza activación del artículo treinta y cuatro por desapariciones forzadas

El gobierno mexicano se opone a medida del comité contra desaparición forzada y afirma que es para casos excepcionales.

DECISIÓN TOMADA

El gobierno de México, a través de su representación ante Naciones Unidas, rechazó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, argumentando que "se trata de una medida reservada para situaciones excepcionales".

El artículo 34 permite al Comité iniciar una investigación formal sobre desapariciones forzadas, cuando existen indicios fundados de que estas son sistemáticas o generalizadas en un país.

En este caso, el CED notificó que comenzará el proceso para determinar si las desapariciones en México cumplen con ese criterio, lo que podría derivar en recomendaciones internacionales vinculantes y mayor escrutinio sobre las políticas nacionales.

El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, declaró que México no comparte la decisión del Comité, y subrayó que el país ha sido uno de los más abiertos al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

Señaló que la activación del artículo 34 no corresponde al contexto mexicano actual, y que el gobierno mantiene canales de cooperación y diálogo con organismos multilaterales.

  • México registra oficialmente más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, y ocupa el primer lugar en acciones urgentes reportadas ante el CED, con 779 comunicaciones de las 2,074 recibidas por el organismo. Diversas organizaciones civiles han denunciado falta de resultados en las búsquedas, impunidad estructural y deficiencias en la coordinación institucional, lo que ha motivado el interés del Comité en aplicar mecanismos más rigurosos.

La activación del artículo 34 no implica una condena automática, pero sí abre la puerta a una evaluación profunda del sistema mexicano de búsqueda y justicia, con posibles visitas in situ, entrevistas con víctimas y recomendaciones específicas.

El gobierno mexicano podría presentar argumentos técnicos y jurídicos para defender su postura, aunque el proceso ya ha sido formalmente iniciado por el Comité.