Mineros de la comunidad de La Plazuela, en Peñamiller, Querétaro, rechazaron las acusaciones del informe de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA), que señala presunta participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la explotación de minas de mercurio con destino a Sudamérica.
Principales señalamientos de los mineros:
- Actividades legales: Aseguran que sus operaciones se realizan bajo concesiones oficiales y sin vínculos con transacciones ilícitas.
- Mercurio procesado, no cinabrio: Explican que la venta del mineral en bruto es poco rentable, y su comercio se enfoca en el metal líquido.
- Infraestructura de seguridad: Niegan la existencia de “minas fortificadas”; las cámaras y portones fueron instalados tras un robo en la mina “Cristo Vive”.
Confusión con investigadores: Relatan que un grupo intentó ingresar sin identificarse, y desconocían que se trataba de personal de la EIA.
Comités comunitarios: La administración de las minas está en manos de los propios mineros, organizados en comités locales.
Errores sobre actores políticos: Señalan que Alejandra Pulido Briseño, mencionada como exdiputada del PAN, nunca ocupó ese cargo ni milita actualmente en el partido.
Exportaciones legales: El empresario citado en el informe realizó envíos de mercurio antes de la entrada en vigor del Convenio de Minamata (2017), lo que lo colocaría dentro del marco legal.
Sin postura oficial de Perú: No se ha confirmado que el decomiso de cuatro toneladas en aduanas peruanas corresponda a mercurio.
Este caso ha generado debate sobre la veracidad de investigaciones internacionales y la estigmatización de comunidades mineras.