La mujer solicitó al IMSS el ingreso de un médico particular y su asistente para que le aplicara la vacuna contra COVID-19, sin embargo, las autoridades del hospital no se lo permitieron.
De esta forma, la paciente interpuso una demanda de garantías cuya suspensión de plano fue admitida por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez.
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El juez ordenó al director del Centro de Atención Temporal COVID-19, anexo al HGZ 24 del IMSS, valorar el estado de salud de Eva y, bajo su estricta consideración, suministrarle la vacuna contra COVID-19 cuando considere oportuno, priorizando su integridad física.
"Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad”, expresó el juez.