La Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsabilizó al Estado mexicano por violar los derechos humanos de un hombre con discapacidad e impedir su acceso a la justicia en un proceso penal que duró cuatro años.
A través de su Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el organismo internacional emitió un dictamen donde informa las irregularidades que enfrentó Arturo Medina Vela, acusado de participar en el presunto robo de un vehículo en el 2011.
El hombre, que fue diagnosticado con "trastorno social de la personalidad" y un "posible retraso superficial", fue señalado por el ministerio público de la Ciudad de México por hurtar un carro "empujándolo y no manejando" debido a que su condición física le impedía conducir.
Por este motivo, Arturo Medina fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) y se le calificó como una persona inimputable, es decir, que su condición psicosocial le impedía entender el hecho delictivo que cometió.
El juez Noveno Penal del entonces Distrito Federal fue quien dictó una medida de seguridad de cuatro años al joven para que fuera internado en el CEVAREPSI.
Según la ONU, la inimputabilidad hizo que las autoridades vieran al acusado como una persona incapaz de declarar y defenderse en el proceso penal, lo cual le impidió tener conocimiento del avance de su caso.
"(Arturo Medina) Nunca tuvo la posibilidad de declarar ni de contradecir las declaraciones de los agentes de policía que lo capturaron. Tampoco pudo nombrar su propio defensor ya que éste le fue asignado por la autoridad judicial. Además, no se le proporcionó el apoyo o ajustes razonables para que pueda ejercer su defensa material. La documentación presentada también demuestra que el autor nunca fue convocado a las audiencias llevadas a cabo durante su proceso penal", dijo la ONU en su dictamen.
Debe asegurar que todos los actores que participan en la procuración de justicia reciban cursos sobre la Convención y su Protocolo Facultativo.
En cuanto al caso específico de Arturo Medina, el Estado mexicano debe proporcionarle una reparación integral del daño, una disculpa pública y difundir el dictamen de la ONU en formato accesible para que todos puedan entenderlo.