Ciudad de México.-
CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIALPablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que, como resultado de procesos judiciales por casos de corrupción o lavado de dinero, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han congelado cuentas por un total de 32,531 millones de pesos.
Sin embargo, debido a resoluciones judiciales basadas en amparos promovidos por los presuntos implicados, se han liberado 23,575 millones de pesos.
Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este tipo de decisiones del Poder Judicial reflejan actos de corrupción, ya que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF se realiza cuando se detectan irregularidades en el manejo de recursos vinculados a delitos de cuello blanco o crimen organizado.
Sin embargo, este accionar del Poder Judicial es una corrupción por parte de jueces e incluso varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es una razón más para lo que ocurrirá el 1° de junio.
Cuando se evidencia corrupción en delitos de cuello blanco o crimen organizado, y aun así se liberan fondos, no hay otra forma de llamarlo: "es corrupción".
Gómez detalló que, desde diciembre de 2018, la UIF ha incorporado a su lista de cuentas bloqueadas a 5,904 personas y 1,911 empresas, sumando un total de 7,815 cuentas.
Hasta ahora, se han retirado de dicha lista 910 personas físicas y 360 empresas.
Criticó que los jueces autoricen el desbloqueo de cuentas de personas procesadas simplemente mediante un amparo y una suspensión provisional, sin siquiera haber iniciado el juicio de fondo.
Al respecto, Sheinbaum anunció que su gobierno presentará nuevas iniciativas legislativas para fortalecer el control sobre el manejo ilícito de recursos financieros.
Por su parte, Gómez señaló que la cercanía de México con Estados Unidos —el mayor mercado mundial— aumenta el riesgo de lavado de dinero en el país, por lo que es fundamental implementar un sistema de control financiero más eficaz contra los recursos de origen ilícito.
Gómez presentó este informe en el contexto de la controversia por las cuentas de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, acusados de múltiples fraudes dentro del sistema penitenciario.
Según las investigaciones, realizaron obras simuladas y obtuvieron grandes ganancias ilícitas, lo que llevó a las autoridades a actuar en su contra cuando la situación política cambió.