Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", donde compareció por videoconferencia en la audiencia.
La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía de Tabasco cuenta con 15 días para presentar acusación formal contra Bermúdez como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
Hasta ahora, las investigaciones han derivado en la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales diez personas ya están vinculadas a proceso.
El pasado 24 de marzo, el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz dio inicio a la etapa intermedia, tras lo cual el juez definirá una nueva audiencia para determinar qué datos de prueba podrán usarse en un eventual juicio.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓNLa investigación se origina en un caso de desaparición forzada, en el que se presume la participación de integrantes de la organización criminal La Barredora, vinculada a múltiples actos de violencia, secuestro y extorsión en el estado de Tabasco.
La Fiscalía ha sostenido que el modus operandi de este grupo incluye la privación ilegítima de la libertad de víctimas para extorsionar a familiares o compañeros de trabajo, así como su uso como "moneda de cambio" en conflictos internos del crimen organizado.
El Altiplano, centro de máxima seguridad federal, fue elegido como sede para su prisión debido a la gravedad de los delitos que enfrenta y al riesgo de fuga o de entorpecimiento de la justicia que representaría su libertad condicional.
- Además, la figura de privión preventiva oficiosa se aplica en casos de delitos considerados de alta complejidad y afectan derechos humanos, como la desaparición forzada.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión. La sanción puede incrementarse hasta en una mitad (hasta 90 años) cuando la víctima es de sexo femenino, buscando abordar de forma especial la vulnerabilidad de las mujeres en estos delitos.
Asimismo, si se acredita que un servidor público participó en el delito, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará para cualquier comisión pública durante el doble del tiempo de la pena impuesta, reforzando el mensaje de cero tolerancia a la corrupción y a la complicidad de funcionarios con delincuentes.