El Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado un paso firme en la regulación del sector minero al recuperar más de 1,100 concesiones mineras que no cumplían con los requisitos legales o que se mantenían con propósitos puramente especulativos.
Esta acción forma parte de una política integral de revisión y ordenamiento de los bienes nacionales, anunciada este jueves por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia "Mañanera del Pueblo".
Marcelo Ebrard, acompañado por José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, explicó que estas concesiones suman aproximadamente 809,150 hectáreas, una extensión territorial equivalente al tamaño total del estado de Querétaro.
El objetivo principal de esta iniciativa es liberar terrenos donde no se realiza exploración real, no se pagan los derechos correspondientes o donde las concesiones sirven solo como instrumentos para especular con el valor futuro de las tierras.
- De esta manera, el gobierno busca priorizar el uso productivo y responsable de los recursos naturales, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación.
José Fernando Aboitiz precisó que el conteo actualizado alcanza exactamente 1,126 concesiones recuperadas. Entre los logros más destacados se encuentra la restitución de cerca de 20,000 hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), espacios de vital importancia ecológica.
Enfatizó Aboitiz. Esta recuperación no solo protege la biodiversidad, sino que refuerza el compromiso ambiental del país.
Las causas principales de las cancelaciones radican en incumplimientos graves a la normativa vigente. La ley minera establece que un retraso de dos años en el pago de derechos es motivo suficiente para la revocación automática de la concesión.
Además, muchas empresas o particulares omitieron entregar informes técnicos, estadísticos y de obras materiales, documentos esenciales que demuestran actividades reales de exploración y desarrollo. Sin estos elementos, las concesiones se convierten en meras reservas especulativas, bloqueando el acceso a otros actores genuinos del sector.
Aboitiz también resaltó un enfoque colaborativo: además de las cancelaciones por vía administrativa, se han establecido diálogos con la industria minera para que, de manera voluntaria, devuelvan concesiones mediante acuerdos mutuos.
- Aunque este mecanismo representa una porción menor del total recuperado, evidencia una disposición positiva por parte del sector privado para alinearse con las nuevas reglas.
En términos geográficos, las concesiones canceladas se concentran en estados con fuerte tradición minera, como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde la actividad extractiva ha sido histórica.
Por el contrario, regiones como Campeche, Quintana Roo y Tabasco muestran prácticamente nula presencia minera, mientras que en Yucatán la explotación se limita mayoritariamente a la extracción de sal, sin mayores impactos en concesiones irregulares.
Un dato revelador es que cerca del 90% de las cancelaciones afectan a personas físicas, no a grandes corporaciones. Aboitiz describió un patrón común de especulación: individuos adquieren concesiones colindantes a minas activas, esperando que estas se expandan para luego venderlas a precios inflados.
Señaló. En el caso de las grandes empresas, varias han colaborado activamente. Por ejemplo, Minera Autlán y Peñoles han participado en acuerdos voluntarios con el gobierno para reducir su portafolio de concesiones y eliminar prácticas especulativas, demostrando un compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.
Esta iniciativa no solo ordena el panorama minero, sino que abre oportunidades para nuevos proyectos responsables, fortalece la protección ambiental y asegura que los derechos se paguen puntualmente. Representa un avance hacia un sector más equitativo y productivo, beneficiando a la nación en su conjunto.