La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México ha generado preocupación entre empresarios y especialistas, quienes advierten posibles afectaciones económicas y operativas para el sector formal.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2027, reduciendo dos horas por año hasta llegar al nuevo límite en 2030.
- Aunque la iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, organismos empresariales como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertaron que la medida podría elevar hasta en un 25 por ciento los costos laborales en algunos sectores.
Entre las principales preocupaciones están el aumento en gastos de nómina, pago de horas extra, contratación de más personal y reorganización de turnos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
La STPS reconoció que la reforma implicará retos administrativos y financieros, por lo que insistió en la necesidad de una transición gradual para evitar impactos abruptos en la economía y el empleo.
Además, expertos señalaron que industrias como manufactura, comercio y servicios continuos serían las más afectadas debido a sus largas jornadas operativas y cadenas logísticas ajustadas.
Otro de los riesgos planteados es el posible crecimiento de la informalidad laboral. Empresarios advierten que algunas compañías podrían optar por esquemas irregulares, subcontratación ilegal o reducción de prestaciones para compensar el incremento de costos.
El sector empresarial también subrayó la necesidad de invertir en tecnología, automatización y reorganización interna para mantener los niveles de productividad con menos horas de trabajo.
Pese a las críticas, autoridades y sindicatos coincidieron en que la implementación gradual permitirá a las empresas adaptarse al nuevo modelo laboral sin afectar de manera severa la competitividad del país.