El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este viernes uno de los diagnósticos más duros sobre seguridad y derechos humanos de su mandato: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registra 130 mil 178 personas desaparecidas o no localizadas desde 2006 a la fecha.
- Mientras que el registro histórico acumulado desde 1952 supera los 394 mil casos.
La Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación, explicó que el total de 394 mil 645 reportes incluye tanto hechos recientes como viejos cruces administrativos:
- 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66% del total acumulado.
- De quienes han sido encontrados, el 92% está con vida y, en el 96% de los casos, no se ha identificado un delito asociado a la desaparición, lo que corrobora que muchas búsquedas se originan por estados laborales, migratorios o de vulnerabilidad, no necesariamente por crimen organizado.
El informe segmenta los casos registrales desde 2006 en tres grandes bloques, que revelan tanto la dinámica activa como las fallas institucionales:
- 46,742 registros (36%) tienen datos insuficientes, es decir, nombres genéricos ("Menor NN", "Juanito", "El Cuate") o sin contexto mínimo de identidad ni fecha.
- 40,308 expedientes (31%) presentan indicios de actividad posterior (por ejemplo, seguimiento en redes, uso de documentos, transferencias, etc.), lo que señala que muchas personas siguen vivas pero sus familias no han sido informadas o hubo mala documentación inicial.
- 43,128 casos (33%) no registran actividad y permanecen sin huella rastreable; dentro de este grupo, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación formal, mientras que más de 26 mil siguen como reportes sin indagatoria, lo que expone una brecha seria de acceso a la justicia y al derecho a la búsqueda efectiva.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Plataforma nacional de búsqueda reconocieron que, antes de 2025, era posible abrir un registro de desaparecido con muy pocos datos biográficos, lo que generó expedientes inválidos, duplicados o absurdos en la base.
Para ordenar este caos, el gobierno lanzó un proceso de verificación masiva cruzando datos con:
- INE (credencial de elector),
- Registro Civil (actas de nacimiento y defunción),
- SAT (clave fiscal y trámites),
- Compañías telefónicas y otros registros electrónicos.
Este cruce permitió detectar miles de casos donde la persona reportada como "desaparecida" realmente se casó, tramitó documentos oficiales, abrió cuentas o registró hijos, lo que obligó a cambiar su estatus a localizada, sin que se haya cometido un delito.
RESULTADOS CONCRETOS DE LA NUEVA ESTRATEGIAEntre las acciones de la estrategia de búsqueda y localización —liderada por la Secretaría de Gobernación, Segob, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Seguridad Pública— se destacan:
- 5,269 personas cuyo estatus cambió de desaparecidos a localizados tras la depuración del registro.
- Entre octubre de 2024 y la fecha de hoy, se han localizado 31,946 personas, la mayoría ellas con vida, lo que refleja la importancia de un sistema de datos cruzados y de lineamientos claros para abrir carpetas de investigación.
Además, la nueva Ley General en Materia de Desaparición obliga a que, desde la primera denuncia, se integre al menos la identidad mínima de la persona y que se abra de inmediato la carpeta de investigación, sin documentos inadecuentos que bloqueen la actuación de la autoridad.
El gobierno puso sobre la mesa estas cifras para mostrar que, aunque el número de casos es enorme, no todos responden a crimen organizado ni a desaparición forzada:
- De cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 66 son localizadas.
- De las personas encontradas, 92 de cada 100 siguen con vida.
- En 96 de cada 100 casos, no se identifica delito relacionado.
- El 80% de las nuevas desapariciones concentradas en unos pocos estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.
Las autoridades enfatizaron que el objetivo de este informe no es ocultar víctimas, sino transformar el sistema de registros para que las familias cuenten con bases sólidas de búsqueda, evitando que las autoridades se manejen con expedientes fantasma o sin información mínima.
En suma, el gobierno de Sheinbaum reconoce que México enfrenta una crisis histórica de desapariciones acumuladas y nuevas, que rebasan más de 130 mil personas no localizadas solo desde 2006, pero también exhibe un camino de depuración de archivos, cruce de datos y obligaciones legales para que, en adelante, cada caso de desaparecido se trate como una prioridad de derechos humanos, no como un "papel más" en un sistema burocrático colapsado.