- Este mes, el gobierno federal iniciarán la credencialización de los ciudadanos para acceder al Servicio Universal de Salud.
En la mañanera se informó que la credencial se convertirá en una identificación oficial, al nivel de la credencial de elector o el pasaporte, y servirá como llave de acceso a todos los hospitales, clínicas y servicios médicos públicos del país.
El registro comenzará con mexicanos mayores de 85 años —y sus acompañantes que acudan con ellos a los módulos—, del 13 al 30 de abril. La ubicación de los módulos de registro se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar, de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.
- La titular de esa dependencia, Ariadna Montiel, explicó que en esta primera fase se pretende registrar alrededor de 2 millones de personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que éste es el primer paso práctico hacia la universalización de los servicios de salud, sobre todo en las 24 entidades donde opera IMSS‑Bienestar.
Para consolidar este esquema, entre hoy y mañana se emitirá un decreto presidencial que creará formalmente el Servicio Universal de Salud en el país, incorporando a todos los sistemas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, IMSS‑Bienestar y las unidades de salud de Pemex.
Señaló la mandataria.
El decreto tiene tres funciones clave:
- Convertir la credencial universal de salud en instrumento legal de identificación y acceso a servicios, sin dependencia de una sola institución.
- Ordenar a IMSS, ISSSTE e IMSS‑Bienestar que operen como red única, permitiendo que cualquier derechohabiente sea atendido en cualquier hospital público y que se garantice continuidad de tratamiento.
- Abrir el camino para que los primeros beneficios del sistema (inicio de atención universal en urgencias, tratamientos de alta complejidad y interoperabilidad) se comiencen a notar a partir de enero de 2027.
Con este decreto, el gobierno deja de presentar el Servicio Universal de Salud como "proyecto" y lo instala como política de Estado, con base normativa presidencial, que busca terminar con la fragmentación histórica del sistema sanitario mexicano.