La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las reformas legales en materia de desaparición de personas han favorecido la creación de un Sistema Integral de Búsqueda y Atención que, en este sexenio, ha permitido la localización de 31 mil personas desaparecidas o no localizadas.
Según explicó durante la presentación de un estudio sobre la situación de la desaparición en México, el cambio clave consiste en que ahora todas las fiscalías, tanto federal como estatales, están obligadas a levantar una carpeta de investigación ante cualquier reporte de desaparición.
- Lo que ha sistematizado mejor la información y acelerado el proceso de búsqueda.
Sheinbaum precisó que las reformas introdujeron mecanismos legales y tecnológicos para que:
- La apertura de la carpeta de investigación sea inmediata y obligatoria con datos mínimos completos, eliminando la práctica de ingresar registros con información incompleta o apodos.
- Se establezca un Sistema de Alerta Nacional y una Plataforma Única de Identidad conectada a bases de datos como la CURP, el Registro Civil, el INE, el SAT y registros biométricos, para rastrear trámites, actividad bancaria o movimientos que puedan indicar si una persona se mantiene activa aun cuando figura como desaparecida.
- Se fortalezca el Banco Nacional de Datos Forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de profesionalizar la búsqueda e incorporar análisis de contextos, redes sociales y perfiles de vida.
La mandataria subrayó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumula un total de 132 mil 534 casos reportados, de los cuales:
- 43 mil 128 tienen todos los datos necesarios y se confirma que siguen sin ser localizados.
- De esos 43 mil 128, solo 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación formal, lo que evidencia todavía una brecha muy grande en la atención jurídica del fenómeno.
No obstante, el trabajo de cruce de datos ha permitido detectar que muchas personas reportadas como desaparecidas realizaron trámites públicos o privados tras su registro: casamientos, inscripciones, pagos, movimientos de cuentas, etc. A partir de eso, las autoridades han podido:
- Localizar a casi 6 mil personas que estaban formalmente en el registro de desaparecidos, pero que seguían con vida y activas.
- Y, en el marco de la estrategia global, 31 mil casos han sido reubicados o actualizados en su estatus (localizadas, con trayectos identificables, o relacionados a migración, trabajo u otros contextos distintos al crimen organizado).
Sheinbaum explicó que el Protocolo Homologado de Búsqueda aplicado por las fiscalías permite, una vez abierta la carpeta, realizar un análisis de contexto más profundo:
- Revisar redes sociales, historial de llamadas, movimientos financieros y vinculaciones familiares.
- Identificar si la desaparición podría vincularse con reclutamiento por el crimen organizado (voluntario o forzado), trata de personas, migración irregular o situaciones de violencia familiar o crisis psicosocial.
En los casos donde se tienen datos completos y no se detecta actividad posterior, las autoridades consideran que el caso es más sensible para la investigación de vínculos con el crimen organizado, mientras que en otros se puede identificar que el origen de la desaparición se debe a dinámicas no criminales, pero sí de vulnerabilidad.
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL REGISTROLa presidenta señaló que el informe se presenta "responsablemente" y con total transparencia, permitiendo que cualquier ciudadano pueda verificar la información.
Destacó que el deficiente diseño de la base de datos original, que permitía subir registros sin información mínima (apodos como "Menor NN", "Juanito", "El Cuate"), generó inconsistencias graves que imposibilitaban actuar, y que ahora, gracias a las reformas, ya no es posible registrar un caso sin datos básicos ni dejar de abrir una carpeta.
En síntesis, Sheinbaum presentó el sistema de reformas como una herramienta para reducir la burocracia y la impunidad, transformar el Registro de desaparecidos en un instrumento útil para la búsqueda efectiva y la localización humana, y, al mismo tiempo, reconocer que la cifra de 132 mil 534 personas en el registro es un reflejo de una crisis prolongada de la que el Estado debe asumir responsabilidad y corregir errores, sin caer en la lógica de ocultar o banalizar el número de víctimas.