La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue enviada por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chilapa, Guerrero, para atender de manera personal la crisis derivada del asedio de grupos armados contra comunidades indígenas y rurales.
La mandataria informó en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional que las autoridades han logrado evacuar a personas heridas y buscan ahora atender a la población desplazada, evitando choques armados que pongan en riesgo a la población civil en la región.
Sheinbaum detalló que en la zona existen tres poblados severamente bloqueados, con tres puntos de obstrucción distintos, por lo que la prioridad inmediata es garantizar la salida de heridos y el retiro de bloqueos mediante el diálogo, sin que se presenten enfrentamientos directos.
Subrayó la presidenta, insistiendo en que la operación considera la presencia de numerosas familias civiles ajenas a los grupos delictivos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, al momento de la conferencia, se habían trasladado tres personas heridas al hospital de Chilpancingo y otras tres estaban por ser evacuadas.
- Rodríguez viajó acompañada por Guardia Nacional, policías estatales, personal médico y ambulancias para reforzar el rescate y la atención médica en la zona.
- García Harfuch también señaló que, desde el inicio de la crisis, GN, Ejército y autoridades de Guerrero se han desplegado en la región, priorizando el diálogo con representantes de las comunidades para establecer bases de operación y facilitar la salida de alrededor de 20 personas aún retenidas en la zona, así como de las 96 personas desplazadas.
El conflicto fue vinculado por el funcionario con la disputa entre dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, aunque aclaró que la mayoría de la población afectada no tiene relación con ellos.
Sheinbaum, por su parte, subrayó que ante cualquier indicio de vínculos de autoridades municipales con el crimen organizado se abren investigaciones formales y, de hallarse pruebas, se procede a la detención de los funcionarios, sin distinción de partidos políticos, en el marco de una estrategia de "respuesta con justicia y pruebas".