En el Senado de la República, legisladores de distintos partidos impulsan una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que obligaría a los empleadores a incluir el rango salarial en todas sus vacantes, con el propósito de cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres.
La iniciativa, presentada por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena (Morena), Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC), plantea eliminar expresiones ambiguas como "sueldo competitivo" o "a convenir", frecuentes en las ofertas laborales, para garantizar transparencia y equidad en los procesos de contratación.
- De acuerdo con el documento, el ocultamiento de los salarios impide que las personas candidatas puedan tomar decisiones informadas o detectar desigualdades, lo que contribuye a perpetuar la discriminación salarial.
Aunque México ha firmado acuerdos internacionales en favor de la igualdad retributiva y ha implementado medidas como la certificación en igualdad laboral y el aumento al salario mínimo, los resultados siguen siendo insuficientes.
Datos de la ENOE y la OCDE muestran que las mujeres ganan entre 14% y 18% menos que los hombres, y el IMCO estima que esta diferencia ronda el 15%. En términos prácticos, una mujer podría dejar de percibir hasta 1.6 millones de pesos a lo largo de su vida laboral.
Actualmente, la ley no obliga a las empresas a publicar sueldos en las vacantes, lo que genera opacidad y dificulta reclamar pagos injustos. Por ello, la propuesta busca añadir un párrafo al artículo 83 de la LFT para que la publicación del rango salarial sea obligatoria desde el inicio del proceso de reclutamiento.
El proyecto toma como referencia la Directiva 2023/970 de la Unión Europea, que exige informar el salario inicial o la banda salarial del puesto y prohíbe preguntar por el historial salarial de los aspirantes. Modelos similares se aplican en Canadá, Reino Unido y algunos estados de EE.UU., como California y Nueva York.
De aprobarse, México avanzaría hacia una cultura de transparencia salarial que no solo beneficiaría a las personas trabajadoras, sino también a las empresas, al facilitar la contratación y promover una competencia laboral más justa.