Alejandro, un joven de 29 años, murió dentro de un centro de rehabilitación —conocido como "anexo"— tras ser sedado con clonazepam y golpeado hasta la muerte, según denuncian sus familiares.
El caso, además de evidenciar prácticas violentas en espacios que deberían ofrecer atención y contención, fue excluido de las estadísticas oficiales de violencia, lo que ha encendido la indignación de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
- Los llamados "anexos" operan en muchos casos sin regulación sanitaria ni supervisión institucional, y han sido señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como espacios donde se cometen abusos físicos, psicológicos y farmacológicos. En el caso de Alejandro, su ingreso fue voluntario, pero terminó siendo víctima de sedación excesiva con clonazepam, un medicamento controlado, y de agresiones físicas sistemáticas que derivaron en su fallecimiento.
La familia denunció que el centro no contaba con personal médico certificado ni protocolos de atención, y que la muerte fue registrada como "paro cardiorrespiratorio", sin que se investigara como posible homicidio.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contabilizó el caso de Alejandro como muerte violenta ni homicidio doloso, lo que impide que sea parte de las estadísticas nacionales sobre violencia.
Esta omisión, señalan sus familiares y organizaciones civiles, invisibiliza la violencia estructural que ocurre en estos espacios y obstruye el acceso a la justicia.
Organizaciones como Documenta A.C., Reinserta, México Unido Contra la Delincuencia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han exigido que se investigue el caso como homicidio doloso, se sancione a los responsables y se impulse una regulación nacional de los centros de rehabilitación, que incluya:
- Supervisión médica y psicológica certificada
- Prohibición del uso de psicofármacos sin prescripción
- Protocolos de atención con enfoque en salud mental y derechos humanos
- Registro público y auditoría de centros operativos
Su testimonio se suma a decenas de casos similares en el país, donde jóvenes en situación de consumo o crisis emocional son ingresados a centros que operan en condiciones de clandestinidad, violencia y negligencia.
Según el INEGI, en México existen más de 2,000 centros de rehabilitación, pero solo una fracción está registrada ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). La CNDH ha documentado que al menos 1 de cada 3 centros opera sin supervisión, y que las muertes dentro de estos espacios rara vez se investigan como delitos.
En su Recomendación General 42/2020, la CNDH alertó sobre condiciones de hacinamiento, tortura, castigos físicos y uso indebido de medicamentos en anexos, y urgió a las autoridades a establecer mecanismos de inspección y certificación.