El Senado de Chile dio luz verde en términos generales a una iniciativa promovida por legisladores de derecha que, si finalmente se convierte en ley, permitiría que personas condenadas por delitos graves cumplan sus sentencias fuera de prisión.
La propuesta contempla que reos mayores de 75 años puedan sustituir la cárcel por medidas alternativas, como el arresto domiciliario.
- La iniciativa fue aprobada por una votación muy cerrada: 23 senadores votaron a favor y 22 en contra.
Entre quienes respaldaron el proyecto se encuentra el senador conservador Javier Macaya, cuyo padre, de 73 años, cumple condena por cuatro casos de abuso sexual contra menores. El proyecto aún debe discutirse en lo particular y posteriormente pasar a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, de aprobarse definitivamente esta normativa podría beneficiar a más de 300 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, incluyendo militares y civiles.
También podría aplicarse a personas sentenciadas por delitos como homicidio, feminicidio, parricidio o agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó la aprobación inicial del proyecto y señaló que resulta incomprensible para las víctimas.
Advirtió que la medida no solo abriría la puerta a que salgan de prisión cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, sino también a personas mayores de 70 años condenadas por delitos graves como violaciones o asesinatos seriales, quienes podrían cambiar su condena por arresto domiciliario.
Gajardo afirmó además que la iniciativa presenta deficiencias técnicas y podría tener un alcance mucho mayor al previsto, con hasta 12 mil posibles beneficiarios.
Por ello, sostuvo que el proyecto debería rechazarse por completo, especialmente considerando que muchas familias de víctimas de la dictadura aún desconocen el paradero de sus seres queridos desaparecidos y que varios responsables nunca han entregado información sobre esos hechos.
Desde hace años, sectores de la derecha han impulsado propuestas similares con el objetivo de permitir que los condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el penal de Punta Peuco, ubicado cerca de Santiago, puedan cumplir sus penas en sus domicilios, argumentando su avanzada edad o problemas de salud.
Tras la aprobación en el Senado, organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos manifestaron su preocupación y rechazo a la iniciativa. En tanto, legisladores de centroizquierda adelantaron que trabajarán junto a estas agrupaciones para presentar modificaciones que impidan que la norma afecte los avances de Chile en materia de derechos humanos.
El proyecto deberá volver a discutirse en detalle a más tardar el 16 de marzo.
Debido a lo ajustado de la votación, al debate ético que genera y al cuestionamiento por el posible conflicto de interés del senador Macaya, se anticipa una discusión intensa en los próximos días.
El debate ocurre además en un contexto político delicado, ante la inminente llegada a la presidencia de Chile del ultraderechista y pinochetista José Antonio Kast el 11 de marzo.