Un inédito festival para cosechar marihuana en una de las regiones más violentas de Paraguay ha reavivado la esperanza de un grupo de pequeños agricultores de impulsar una norma que les permita cultivar legalmente la hierba para uso medicinal.
La comunidad de Agüerito recibió un número inusual de visitantes el fin de semana que llegaron en autobuses para un "tour cannábico" por las huertas, donde cortaron con delicadeza las plantas en pequeños grupos, les retiraron las hojas y colgaron las ramas con las flores en los secaderos.
El proceso se realizó bajo la atenta mirada de los cuidadores, temerosos de que la muchedumbre pueda estresar a las plantas destinadas a fabricar aceite y cremas en el mayor productor de marihuana de Sudamérica y uno de los mayores del mundo.
La actividad tuvo como finalidad llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de dar un marco legal que ampare a los pequeños productores de la zona, donde abundan los cultivos ilegales de marihuana recreativa que tienen como principal destino las organizaciones criminales de Brasil.
Productores de los departamentos norteños de Concepción, Amambay y San Pedro forman parte del colectivo que decidió abandonar la agricultura tradicional y ve un futuro mucho más próspero en la hierba.
USO MEDICINALEl cannabis es utilizado para tratar los síntomas de la epilepsia refractaria y otras dolencias, como la enfermedad de Parkinson y la fibromialgia. También se usa en pacientes oncológicos.
En Paraguay, el cannabis de uso medicinal es legal desde 2017 pero la materia prima que se utiliza es importada ya que el cultivo no está autorizado. Apenas un par de laboratorios la importan y comercializan el producto final a precios exorbitantes, dijo el abogado Jorge Rolón Luna.
- Los cultivos ilegales abarcan entre 8,000 y 11,000 hectáreas.
El proyecto de ley que busca regularizar la utilización del cannabis en todas sus etapas -desde la manipulación de las semillas hasta la comercialización- se presentó al Congreso a finales de 2022 y se encuentra a la espera de su análisis en el Senado, explicó Rolón, asesor legal de los productores.