El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio luz verde a un paquete de reformas constitucionales que endurecen significativamente el sistema penal del país.
Al permitir la imposición de cadena perpetua tanto a adultos como a menores de edad a partir de los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y vínculos con pandillas.
Estas modificaciones fueron aprobadas previamente por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista, y contemplan que la pena máxima pueda aplicarse no solo a los autores directos de estos crímenes, sino también a quienes participen como cómplices.
- No obstante, las nuevas disposiciones establecen que las condenas deberán ser revisadas de manera obligatoria bajo ciertos criterios, especialmente en el caso de menores de edad.
Como parte de los cambios, también se contempla la creación de nuevos juzgados de lo criminal, los cuales comenzarán a operar a partir del 26 de abril.
Estos tribunales, que anteriormente funcionaban como juzgados de menores, tendrán la responsabilidad de evaluar periódicamente las sentencias de cadena perpetua para determinar si los reos pueden acceder, bajo condiciones específicas, a un régimen de libertad controlada.
Las revisiones de las condenas estarán sujetas a plazos definidos según la edad del condenado y la gravedad del delito. En el caso de menores, la primera evaluación se realizará después de cumplir 25 años en prisión; para los adultos, será a partir de los 30 años.
Si se trata de personas condenadas por múltiples delitos, el análisis se hará tras 35 años de reclusión, y en situaciones con agravantes, la revisión se efectuará una vez cumplidos 40 años de prisión.
Antes de esta reforma, la legislación penal juvenil en El Salvador establecía límites mucho más bajos para las penas. Por ejemplo, los menores de 16 años vinculados a pandillas podían recibir condenas de hasta 20 años de prisión, mientras que aquellos desde los 12 años enfrentaban un máximo de 10 años.
Estas reformas forman parte de una serie de cambios impulsados por Bukele en los últimos años, los cuales han generado controversia tanto a nivel nacional como internacional.
Diversos sectores han señalado que estas medidas podrían debilitar el equilibrio institucional y afectar la democracia en el país. Entre ellas destaca una reforma promovida en julio de 2025 que abre la posibilidad de eliminar los límites a la reelección presidencial, lo que permitiría su permanencia indefinida en el poder.
El endurecimiento del marco legal también se vincula con la estrategia de seguridad del gobierno, centrada en el combate frontal contra las pandillas.
Esta política se intensificó en marzo de 2022, cuando el Ejecutivo decretó un estado de excepción tras una escalada de violencia. Desde entonces, esta medida que en principio era temporal ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, suspendiendo derechos constitucionales y permitiendo detenciones masivas.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 91 mil personas han sido detenidas en el marco de esta estrategia. El propio Bukele ha reconocido que miles de ellas eran inocentes y posteriormente fueron liberadas.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradamente la existencia de detenciones arbitrarias y han llevado estos casos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que una gran parte de los arrestos carece de sustento legal. Ante estas acusaciones, el mandatario ha respondido con críticas hacia dichas organizaciones.